La transición en Chile entre Sebastián Piñera y Gabriel Boric entró en una etapa de fuerte tensión tras la decisión del presidente saliente de abrir un proceso de subasta para adjudicar contratos operativos para explorar y producir 400 mil toneladas de litio metálico para baterías que ha recibido cuestionamientos tanto desde el Congreso como desde la Convención Constitucional.

Inicialmente, habían sido cinco los oferentes que presentaron ofertas económicas: BYD Chile, Albemarle, Cosayach Caliche, Servicio y Operaciones Mineras del Norte y SQM. Pero finalmente, Piñera se las adjudicó a BYD Chile SpA y Servicios y Operaciones Mineras del Norte S.A. La decisión generó ruido en la Cámara de Diputados que creó una comisión de seguimiento y motivó el rechazo del presidente electo, Gabriel Boric, que anuncio que "revisará" con sus equipos la medida de Piñera.

Con su decisión, Piñera se dejó afuera de la licitación a las empresas SQM y Albemarle, las dos principales compañías que explotan el litio en Chile.

El proceso lo confirmó el Ministerio de Minería a través de un comunicado en su sitio web en donde se informa que la licitación fue a las empresas BYD Chile SpA y Servicios y Operaciones Mineras del Norte S.A.

Cada una se adjudicó una cuota de 80.000 toneladas de litio metálico comercializable (LME), por las cuales BYD Chile SpA presentó una oferta por US$ 61 millones y Servicios y Operaciones Mineras del Norte S.A. ofertó US$ 60 millones, respectivamente

Esta era una atribución exclusiva del gobierno en ejercicio. Nos parece que es una mala noticia. Nos parece que es una mala noticia y me recuerda esas leyes de amarre que se hacían a última hora cuando un gobierno ya está dejando sus funciones

En ese marco, Boric reprochó: "Esta era una atribución exclusiva del gobierno en ejercicio. Nos parece que es una mala noticia. Nos parece que es una mala noticia y me recuerda esas leyes de amarre que se hacían a última hora cuando un gobierno ya está dejando sus funciones y que finalmente amarran a todos os chilenos en este caso, si mal no recuerdo, por 20 años". 

Boric había pedido explícitamente suspender la licitación del recurso para que vuelva a evaluarse durante su gestión. Al mismo tiempo, autoridades del norte del país advierten que este proceso no dejaría los suficientes recursos a la zona desde donde se extrae el litio y por eso apoyan la idea de una empresa estatal del nuevo gobierno. 

Consultamos al equipo de Boric que maneja temas mineros y reconocen que no será fácil romper con las bases que deja la iniciativa de Piñera pero aseguran que crearán una mesa de trabajo para incorporar modificaciones. "Es claro que Piñera tenía que lanzar eso por el compromiso que asumió con las empresas privadas. Es lo único que explica que el apuro a dos meses de irse", reflexionan.

En medio de la polémica, Piñera fue conciso: "Tenemos dos opciones: o dejamos el litio bajo la tierra o utilizamos el litio en beneficio de todos los chilenos".

Después de ver que se había estancado la producción de litio en Chile y que países como Argentina y Bolivia estaban amenazando con superar a Chile, decidimos poner en marcha un plan estratégico de aprovechamiento del litio

El cálculo de Piñera está basado en el dato que dice que hasta 2016 el país era el mayor productor mundial de litio, con 37% del mercado, pero hoy ocupa el segundo lugar -detrás de Australia- con 32%; y, si no logra aumentar su producción, en 2030 su participación caería a 17%. 

Tenemos dos opciones: o dejamos el litio bajo la tierra o utilizamos el litio en beneficio de todos los chilenos

La reconversión en la fabricación de baterías para autos eléctricos y otros artículos a nivel global es algo que Argentina y Bolivia observan con detenimiento. Según la Comisión Chilena de Cobre, la demanda mundial crecerá un 21 por ciento.

La otra discordia tiene que ver con el tiempo que tendrán las empresas para la explotación del recurso. El otorga 20 años pero eso es algo que debe contemplar la Constitución que se encuentra en plena etapa de redacción y hay muchas chances que el tiempo de licitación se acorte por reclamo de las comunidades indígenas. 

Lo cierto es que tanto Apruebo Dignidad como la ex Concertación coinciden en que todo será revisado y posiblemente anulado por vía judicial, administrativa y legislativa. Fuente: lapoliticaonline.com