El intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro, sufrió una dura derrota en las últimas horas cuando se confirmó que el proyecto que impulsó desde el ejecutivo municipal no contará con el apoyo del HCD local y, de esa manera, no será aprobado.

La iniciativa quedó en la Comisión de Legislación pero, se sabe, no contará con los votos necesarios para avanzar. Sucede que Acción Marplatense, el partido comandado por el exintendente Gustavo Pulti, que tiene un activo rol de árbitro entre el oficialismo y la oposición del Frente de Todos, ya adelantó que no dará los votos para que sea avalado. Sin embargo, el proyecto continuará en Comisión a la espera de un informe que quedaron en presentar desde el oficialismo pero que no torcerá la decisión del vecinalismo.

El informe en sí fue solicitado por Nicolás Lauría, temporal aliado del intendente, con el fin de postergar una votación que le será negativa al ejecutivo municipal luego de una andanada de críticas que nacieron inmediatamente después de la presentación del proyecto.

“Ni bien se ponga en votación, se cae”, le dijo el concejal Alejandro Carrancio, quien fue el primero en apuntarle a la iniciativa que, según mencionó, no resultaba beneficioso para la Ciudad y que, por el contrario, beneficiaba a un privado.

Cabe recordar que el intendente buscaba aprobar un convenio en el cual la municipalidad pasaba de percibir un 50 por ciento de la recaudación de las fotomultas a un 24 por ciento; mientras que el privado iba a percibir un aumento del 30 a un 56 por ciento.

Para colmo, el concejal radical, Daniel Núñez, titular de la Comisión de Legislación, pidió mayor “mayor información” y agregó que “es importante que algunas áreas del ejecutivo nos den respuestas”.

Ahora las dudas de la oposición pasan por saber qué se va a hacer con las cerca de 30 cámaras que se pusieron en distintos sectores de la Ciudad ya que, aseguran, se tendrá que hacer cargo el distrito del proceso de indemnización. “No es algo que se va a fumar el privado, lo vamos a terminar pagando todos”, le dijeron a este medio desde la oposición.

“Es una derrota del oficialismo, pero sobre todo es una victoria para la Ciudad”, afirmó Carrancio. En febrero pasado, el concejal había dado a conocer quién sería el empresario beneficiado. Se trata de Leandro Camani, quien aparece como una persona vinculada a los convenios que firma la Universidad Nacional de San Martín con los Municipios.

“Es una persona que suele ser con su empresa SecuTrans y otras, proveedor de todos los sistemas de control en esos convenios. Venimos preguntando al ejecutivo quien era la empresa que estaba detrás de la Universidad y no nos contestan. Investigamos y vimos que en casi todos los acuerdos está la empresa presidida por Leandro Camani”, manifestó en su momento el edil de Crear Juntos.

Y agregó que si bien estaba dentro de los parámetros legales,

Buscamos los antecedentes de la empresa y esta persona y hay datos que nos llamaron la atención como causas judiciales y empezamos a entender esta idea de Montenegro de no realizar una licitación pública utilizando un convenio con la Universidad para hacer una contratación directa con el privado que está atrás. La maniobra no es ilegal, pero se esquiva el proceso licitatorio