La CPM (Comisión Provincial por la Memoria) presentó su 15º informe anual sobre lugares de encierro, políticas de seguridad, niñez y salud mental de la provincia de Buenos Aires.

Cabe destacar que es el primer informe que presenta la CPM luego de su designación formal como Mecanismo Local de Prevención de la Tortura.

Según el organismo provincial, el gobierno de Kicillof asumió luego de “una profunda crisis provocada por la falta de alimentos y medicamentos en el sistema penitenciario, y una huelga de 16.000 personas detenidas”, y agregó que “la gestión del ministro de Seguridad Sergio Berni, consolidó las mismas políticas punitivistas de sus antecesores”.

“La habilitación de los teléfonos celulares fue una valiosa iniciativa ante la suspensión de las visitas”, sostuvo la CPM ya que, según manifestó, “garantizó a las personas detenidas el acceso a su derecho a la comunicación y al vínculo familiar”.

Durante el 2020, los equipos de la CPM y del Punto Denuncia Torturas realizaron 21.500 entrevistas a personas detenidas o sus referentes afectivos en las que se relevaron 34.500 hechos de tortura o malos tratos; casi la mitad de estas denuncias, más de 16.000, fueron por hechos de violencia o morosidad judicial.

A partir de estas comunicaciones, la CPM informó que se presentaron 16.200 escritos judiciales, entre ellas 3.200 habeas corpus individuales y 13.000 acciones urgentes.

También se presentaron 120 acciones colectivas por hacinamiento, escasez de alimentos, falta de atención médica, falta de insumos de higiene, protestas, huelgas de hambre, represión, casos sospechosos o positivos de Covid-19.

Durante el 2020, la CPM continuó realizando inspecciones a cárceles, comisarías, alcaidías y centros de detención de jóvenes, “la mayoría de carácter urgente frente a los conflictos que se presentaron”.

Durante las protestas producidas los días 21 y 22 de abril en las unidades 10 de Melchor Romero y 23 de Florencio Varela y las ocurridas en nueve Unidades de toda la provincia el 31 de octubre y 1 de noviembre, los equipos de la CPM se constituyeron en todas ellas, realizando un seguimiento de las víctimas de la represión los días posteriores.

Según el informe del organismo, más de 1.500 personas padecieron represión extrema, torturas y traslados compulsivos. Sobre este universo, en 516 personas se constataron judicialmente un total de 634 lesiones. En 113 casos las lesiones fueron provocadas por postas de goma disparadas contra la cabeza, lo que está expresamente prohibido; 17 personas perdieron un ojo, una ambos ojos y otra parte de su oreja, lo que produjo discapacidades permanentes.

Las represalias, agregó la CPM, se vieron incluso en los incendios intencionales provocados por los agentes penitenciarios en los centros universitarios de las cárceles 48 de San Martín y 31 de Florencio Varela.

Desde el organismo, recordaron que durante esos hechos falleció Joel Román Carretero por una “lesión sufrida por la caída desde uno de los techos” en la UP 46 de San Martín. En la represión de abril en Florencio Varela, Federico Rey fue asesinado por penitenciarios que dispararon con bala de plomo, a pesar de estar prohibido su uso en el interior de las cárceles.

Según la CPM, hay una reiteración de las recetas punitivistas en la cartera de seguridad

En las políticas de seguridad del gobierno provincial, según la CPM, se intensificaron tres rasgos: retroceso en la conducción civil de las policías y unificación de las jefaturas; profundización del esquema de saturación policial como mecanismo de gestión territorial; y agravamiento de la crisis humanitaria en las comisarías.

“Los delitos se redujeron en promedio casi un 30 % por efecto del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio; sin embargo, crecieron exponencialmente las aprehensiones policiales: de 280.000 en 2019 se pasó a 410.088 en 2020, es decir 130.000 personas más. De estas 410.088 personas aprehendidas, apenas 37.607 (9,2 %) fueron privadas de su libertad por imputación de un delito y sólo 15.249 (3,7 %) ingresaron luego al Servicio Penitenciario Bonaerense porque se les dictó prisión preventiva o fueron condenadas”, señalaron desde la CPM.

Casi 9 de cada 10 personas fueron aprehendidas sin vinculación con la comisión de delitos. Según el organismo, “esa hiperactividad y arbitrariedad de las fuerzas policiales en el despliegue territorial tuvo dos consecuencias directas: el aumento de la violencia policial y la saturación de las comisarías como lugares de detención”.

Sobre el primero de los puntos, la CPM registró durante el año pasado 400 casos de violencia policial que involucraron 577 hechos y 123 muertes por uso letal de la fuerza en territorio bonaerense. Si bien, señaló el organismo, los 123 casos registrados en el 2020 marcan un descenso interanual, 21 menos que en 2019, también destacaron que hay que incorporar al análisis la disminución de las denuncias de ilícitos, “elemento que debe considerarse porque la mayoría de las muertes producidas por policías se generan en circunstancias en las que, supuestamente, son víctimas de robo”.

Para la CPM, los casos de gatillo fácil, que terminaron en la muerte de Lucas Verón, Ulises Rial y Ezequiel Corbalán, “son una muestra de prácticas estructurales que se reiteran. A estos se suma la desaparición y muerte de Facundo Astudillo Castro, donde innumerables indicios dan cuenta de la actuación policial, no investigada por la justicia federal”.

“Sobre las violaciones a los derechos humanos en comisarías, el incremento de personas detenidas en dependencias policiales alcanzó en noviembre el record de los últimos 15 años: 5.600 personas se alojaron en 1.221 plazas. El promedio anual fue de 4.849 personas, esto implicó una sobrepoblación del 295%, casi 80 puntos más que el año anterior. En ese contexto crítico, 18 personas murieron en comisarías bonaerenses durante 2020; la misma cantidad que en 2018 aunque tres personas menos que en 2019”, indicó el informe del organismo de derechos humanos.

Por otra parte, la CPM sostuvo que “el Ministerio de Seguridad continuó incumpliendo con las órdenes judiciales de clausurar comisarías, incluso con una resolución del propio Tribunal de Casación provincial y también con lo dispuesto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que otorgó medidas cautelares sobre 21 dependencias”.

A diciembre de 2020, se informaron 304 comisarías ocupadas, de las cuales 131 se encontraban inhabilitadas para alojar personas ya sea por inhabilitación ministerial o clausura judicial. Sin embargo, en esta condición alojaban al 36% del total de personas detenidas.

A nivel provincial, la CPM informó que el número de personas detenidas se mantuvo estable, pasando de 51.215 en enero de 2020 a 50.520 en enero de 2021, es decir una diferencia de 695 personas (-1%).

La tasa de encarcelamiento cada 100.000 habitantes (mayores de 18 años) bajó de 415 a 399, equiparando el registro de 2018. Si bien, 2020 interrumpió la tendencia ascendente iniciada en 2014, la tasa de encarcelamiento actual es 55% más alta que hace diez años.

La sobrepoblación del sistema carcelario descendió de 118% en 2019 a 106 % en 2020. Esto significa que todavía la mitad de los/as detenidos/as no tuvo espacio para dormir. Sin embargo, puesto en la serie histórica, 2020 rompió una tendencia ascendente iniciada en 2008 y exacerbada desde 2014.

Durante el 2020, la CPM informó que murieron 178 personas en cárceles y alcaidías de la provincia de Buenos Aires; 30 más que el año anterior. Esto es un promedio de 15 muertes por mes o una cada dos días. De las 178 muertes, 29 fueron por Covid-19; 152 fueron por cuestiones de salud no asistidas, en su mayoría cuadros que de haberse tratado a tiempo las personas hubieran vivido o al menos extendido su sobrevida.

Las políticas de encierro durante el 2020 también muestran el descenso de la cantidad de mujeres, travestis, trans y jóvenes en prisión.

“Al finalizar el año pasado, había 2.028 mujeres privadas de su libertad en el Servicio Penitenciario Bonaerense, un 10,5% menos que el año anterior. También hubo un descenso de mujeres embarazadas o detenidas junto a sus hijos/as menores de 4 años: a diciembre de 2020, eran 33, un 57% respecto del año anterior”, informó la CPM.

Por su parte, la cantidad de personas trans y travestis detenidas se redujo un 19 % pasando de 101 en 2019 a 82 en 2020.

Con respecto al fuero de responsabilidad penal juvenil, la cantidad de jóvenes detenidos en dispositivos del Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia (OPNyA) se redujo de de 676 en enero a 503 en diciembre del año pasado, un dato positivo que redujo el histórico problema de hacinamiento. Sin embargo, se denuncia en este informe la muerte de dos jóvenes por falta de políticas adecuadas de prevención de los suicidios. Uno de ellos había sido víctima de torturas el día anterior.

Sólo 245 de los 753 niños, niñas y jóvenes ingresados a dispositivos del OPNyA durante el 2020 tuvo algún contacto previo con el Sistema de Promoción y Protección de Derechos de niños, niñas y jóvenes.

Otro dato preocupante, según la CPM, tiene que ver con los jóvenes inimputables de 15 años o menos que ingresan al sistema de encierro; durante el 2020, fueron un 12% del total. Fuentes: lamovidaplatense.info e infoblancosobrenegro.com