El aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto para frenar la pandemia de coronavirus acentuó la grave crisis económica que ya enfrentaba el país en medio de la transición presidencial de 2019. En ese marco el Gobierno argentino dispuso entonces el pago de un Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), que tuvo varias ediciones y llegaron a cobrar unos 9 millones de argentinos; pero ya sin ese mecanismo disponible, las autoridades nacionales evalúan una nueva alternativa: el Ingreso Básico Universal (IBU).
La idea cuenta con un fuerte apoyo de diferentes movimientos sociales, sería compatible con otras asignaciones sociales como la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación Universal por Embarazo (AUE) y la Tarjeta Alimentar, entre otras; y ascendería un valor cercano a los $8.500 por mes, con el objetivo de incentivar el consumo interno sin relegar las necesidades alimenticias de nadie.
La herramienta fue planteada por Claudio Lozano, director del Banco Nación, al presidente Alberto Fernández y alcanzaría a tres grandes grupos de personas, aunque todos de entre 18 y 65 años: quienes trabajan en la informalidad, los que estén desempleados y los monotributistas que cobren menos del monto estipulado para el salario mínimo.
"Le planteamos la necesidad del refuerzo de los salarios, las jubilaciones y de los ingresos sobre la situación de las personas en informalidad y desempleo, lo que requiere una estrategia que mejore lo que fue la orientación del IFE en su momento, y que es garantizar un Ingreso Básico y Universal para la población en esa situación", explicó Lozano al respecto de la medida.
A su vez, detalló que el Presidente de la Nación recibió el proyecto de manera muy positiva y para que se pueda llevar a cabo se necesita una inversión del 2.9% del PBI y sostuvo que la cifra "es algo absolutamente razonable y financiable".
