Amenazaron de muerte a la Directora Provincial de Asuntos Internos del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), Paula Napoli, y al equipo de trabajo que la acompaña en su gestión.
p>Los investigadores sospechan que quedó en la mira de agentes investigados por irregularidades en la Unidad 1 de Olmos, que fueron detectadas por la funcionaria el martes 4 de agosto cuando realizó un operativo sorpresa en el lugar.El estupor de quienes llevaron a cabo “la visita” fue mayúsculo. Descubrieron pruebas que echarían luz sobre múltiples denuncias que realizaron internos, familiares y otros letrados.
Los investigadores señalaron que hay maniobras ilegales recurrentes, como -por ejemplo- la venta de pabellones. Los agentes involucrados cobraban sumas importantes a cambio de aliviar el sufrimiento de quienes están en situación de encierro.
Por ejemplo, el “cuadro tarifario” que aplicaban a las personas privadas de su libertad que querían obtener una cama (y evitar dormir en el suelo del pabellón) rondaba los seis mil pesos mensuales.
Además, denunciaron que hay “precios” para obtener “prebendas alimentarias” (es decir, algo de comida digna) y también permisos para estudiar y trabajar.
Por supuesto: el “peaje” para ingresar psicofármacos y otras sustancias, o para comprarlos era mucho más costoso, de acuerdo a lo que detectaron Paula Napoli, la funcionaria amenazada de muerte, y sus colaboradores..
Luego de que amenazaron de muerte a Napoli, este medio consultó a referentes de organismos vinculados a la prevención del a tortura y a la defensa de los derechos humanos en cárceles.
Señalaron que “esto no escapa a las internas del Servicio Penitenciario Bonaerense que tiene cajas de recaudación paralelas que se llenan vendiéndoles a los detenidos sus derechos humanos”.
La Unidad 1 de Lisandro Olmos está dirigida por el Inspector Mayor (del Escalafón General) César Bagnasco, hombre de confianza de uno de los históricos de la cúpula de la fuerza, Juan Vaccaro.
Este último, Vaccaro, el año pasado obtuvo una victoria “política”, justo en una fuerza en la que no hay “elecciones” sobre la facción de Hugo Piedrabuena después de la balacera ocurrida en la Unidad 23 de Florencio Varela que tuvo como resultado la muerte de Federico Rey.
El ministro Julio Alak lo puso en funciones como Subjefe del SPB el 14 de mayo del año pasado.
La auditoría que generó el malestar entre los agentes corruptos se realizó el martes 4 de agosto por la sumatoria de graves denuncias y la acumulación de gran cantidad de sumarios.
Al parecer, esa situación habría generado un proceso interno que desembocó en el blanqueo lo que estaba pasando con el personal subordinado que iba a ser sancionado.
La funcionaria a la que amenazaron de muerte, Paula Napoli , “realizó una serie de investigaciones que dieron lugar a medidas exitosas”, explicó un vocero oficioso del SPB a este portal.
La misma fuente aclaró que “tuvieron como resultado la destitución de otros directores de Unidad por el mismo delito en otros complejos”.
“La Unidad 1 de Olmos no fue la excepción a este entramado de negocios llevados a cabo por una parte de lo que se conoce como la familia penitenciaria”, agregó.
Según confirmó a este medio, Napoli y su grupo de trabajo presentaron la denuncia por amenazas en la Comisaría 4° de La Plata.
La misiva intimidante decía que la vida de ella “vale dos pastillas”.
El vocablo “mafia” refiere a un tipo particular de crimen organizado. El tenor y la situación que rodea el tremendo mensaje mafioso que recibió la funcionaria del SPB a la que amenazaron de muerte es propio de una organización criminal de esa naturaleza.
En el mensaje dejaron en claro que con el negocio de la venta de psicotrópicos se puede obtener cualquier tipo de favor personal, hasta llegar, incluso, a atentar contra la vida de funcionarios que investigan irregularidades en los penales. Ello no debería ser relegado a un asunto de segundo orden, todo lo contrario.
Este medio consultó a una experimentada agente, que trabajó durante años en la fiscalización del Servicio Penitenciario, en particular en la Unidad 1.
La mujer aclaró que “es normal que el Servicio (Penitenciario Bonaerense) le marque la cancha a la clase política en tiempos electorales, para profundizar los negocios y remarcar los precios de las prebendas ilegales”.
También mencionó que que Paula Napoli desde hace años investiga el “shopping de alojamientos”, o “la inmobiliaria”, de esa unidad de Olmos.
El peaje, la tarifa, la coima que hay que pagar, o como se mencione a estos ilícitos, generaron tanto malestar que desataron el primer motín en la historia de las alcaidías.
El modo de operar sería el mismo que en todas las Unidades en las que se descubrió (o comprobó, porque ya habían pruebas fehacientes) este mecanismo tiene otro aspecto que revela qué ominosa es la corrupción en el servicio penitenciario.
Los documentos que están incorporados a la causa, y que demuestran la utilización de medios de pago electrónicos.
El empleo de esa modalidad era algo impensado tiempo atrás, no sólo por falta de desarrollo tecnológico existente, sino porque todavía había un resto de precaución a la hora de transgredir las leyes.
La cuestión es que la investigación avanza en el análisis de cuentas de Mercado Pago y Ualá que están a nombre de personas que buscan ayudar a familiares privados de la libertad.
Al parecer, en esas cuentas se depositaban las sumas necesarias para vivir en ciertos pabellones más “confortables”, o mejor dicho, menos lesivos, indignos e inhumanos. Todo dependía del monto que se abonara.
Como señalamos en esta nota y será motivo de próximos informes, el precio para no dormir en el cemento frío y acceder a una cama era de seis mil pesos por mes.
En países donde impera el mínimo respeto de los derechos humanos no se consigue.
Otro de los ilícitos que investigaron fue la venta de alimentos. Nuestra fuente contó que la comida “extrañamente viene escaseando” y que no le llega en cantidad suficiente para los detenidos.
Pero lo peor, asegura, es que gran parte se lo roban agentes del Servicio Penitenciario Bonaerense.
En otras notas publicamos testimonios de familiares que contaron lo mismo sobre otros centros de detención de esta ciudad, y es un secreto a voces que esa modalidad está extendida (un poco más en algunos lugares y menos en otros) en todas las cárceles, o casi todas.
Por último, vale mencionar en relación a este caso que cuando se supo que amenazaron de muerte a la funcionaria la noticia impactó de lleno en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, y que las máximas autoridades del SPB siguen muy de cerca el desarrollo de la investigación en curso.
Fuentes: visionpolitica.info y infoblancosobrenegro.com
Fuentes:
LaMovidaPlatense.com.ar, VisionPolitica.info, NoticiasEnsenada.info, CriticaArgentina.com.ar, PrimeraPagina.info
