El exjuez de Garantías de La Plata, César Melazo, detenido como presunto integrante de una asociación ilícita, denunció por prevaricato (dictar resoluciones en contra de la ley) al juez de Casación Ricardo Borinsky, quien fue uno de los magistrados que se opuso a otorgarle el arresto domiciliario. Para el denunciante esa resolución es ilegal ya que es contraria al criterio sostenido por el magistrado denunciado ante planteos similares.

p>En diciembre de 2020 la Cámara de Apelaciones y Garantías de La Plata otorgó el arresto domiciliario a Melazo, pero el Fiscal General de La Plata, Héctor Vogliolo, apeló esa resolución para que sea Casación la que defina si correspondía a no la morigeración para Melazo. En planteos anteriores, el juez Borinsky sostuvo (durante años) que esos recursos no debían ser tratados en Casación (que es la máxima instancia del fuero Penal bonaerense, paso previo a la Suprema Corte), que debía ejecutarse lo resuelto en las Cámaras de Apelaciones departamentales, pero en el caso de Melazo varió el criterio y dispuso dejar sin efecto lo dispuesto por la Cámara Penal platense, decisión que dejó al exjuez tras las rejas en el complejo penitenciario federal de Ezeiza a la espera del juicio oral.

En la denuncia a la que accedió Melazo sostuvo que “la divergencia del criterio adoptado por el Dr. Borinsky en esta causa deviene de una grave prevaricavión que, en su embestida, atropella el beneficio morigeratorio de un hombre, la credibilidad de la justicia y la firmeza del principio de igualdad ante la ley que consagra” la Constitución Nacional en su artículo 16.

“Es imposible pretender que tal acción se trate solo de un yerro jurídico ya que tal posición admitiría que los saberes que resultan propios de la investidura exigibles para el ejercicio de sus funciones viene a mancar después de 15 años de esas en esa posición”, señaló Melazo en el escrito, y agregó que “solo puedo concluir en la existencia de dolo, y eso, en su piso mínimo, es materia de apartamiento del cargo y pertinente sanción”.

La denuncia debe ser analizada por los funcionarios de la Suprema Corte, quienes decidirán si existen elementos para abrir una investigación en el fuero Penal y un proceso de destitución. Además se le dará traslado al Ministerio Público Fiscal para que desde esa repartición se expidan.

En varias instancias el exjuez solicitó el beneficio de un arresto domiciliario, pero siempre fue denegado, salvo la resolución de la Cámara Penal que se la otorgó pero que no se hizo efectiva por la resolución de Casación que la dejó sin efecto y por la que fue denunciada el juez Borinsky.

La causa por la que está detenido Melazo fue elevada para su debate oral y público y quedó radicada en el TOC II de La Plata, integrado para este expediente por Silvia Hoerr, Santiago Paolini y Andrés Vitali. La fiscalía de juicio presentó una lista de 314 testigos y pidió que se incorporen por lectura 141 anexos documentales (en su mayoría escuchas telefónicas). La lista de testigos de la parte acusadora, en tanto, sumaría al menos otros 140 testigos a citar.

 

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Por su parte, la defensa de Melazo, a cargo de los abogados Christian Romano y Juan Pesquera, presentó la lista de testigos a citar entre los que figuran "altos exfuncionarios de la gestión de la exgobernadora María Eugenia Vidal", como el entonces jefe de Gabinete Federico Salvai y el exministro de Justicia Gustavo Ferrari.

El exjuez lleva detenido más de tres años. Para la defensa "no existen argumentos válidos para mantener el encarcelamiento de una persona a la que se presume inocente, con una lentitud despreciable de la justicia provincial y como si eso fuera poco, con ausencia de peligros procesales" y también señala que está excedido el plazo razonable para mantener a una persona en prisión preventiva.

En relación a los peligros procesales que podrían activarse con la libertad de Melazo, la defensa reiteró que “no existe ni existió peligro de entorpecer el normal desarrollo del proceso, y tanto menos a esta altura”. Resaltó que “por el contrario, nuestro defendido colaboró siempre con la labor investigativa y el estadio procesal de la presente causa -a la espera de juicio- nos permite asegurar que no existe prueba por producir”. Sobre el peligro de fuga aseveró que no existe ya que “no hay un dato objetivo que permita presumirlo, ya que como destacáramos en cada oportunidad, el imputado fue detenido en su casa, un mes después de ser anoticiado del inicio de estas actuaciones y de conocer que podía ser detenido”. Fuente: visionpolitica.info y 0221.com.ar