Un reciente análisis revela un aumento significativo en las adjudicaciones directas a Nación Seguros durante los últimos dos años de la gestión de Alberto Fernández.

Este incremento se produce tras la firma del decreto 823/21, que obligó a todos los ministerios y organismos del Estado nacional a contratar sus pólizas con dicha aseguradora estatal.

El decreto, que entregó el negocio de los seguros de organismos públicos a Nación Seguros, habilitó también la participación de productores privados, quienes recibieron comisiones millonarias por su intermediación.

Uno de los principales beneficiados fue Héctor Martínez Sosa, esposo de la secretaria privada de Fernández, María Cantero, y amigo cercano del ex presidente.

Según el relevamiento realizado, durante la gestión de Fernández se llevaron a cabo 972 adjudicaciones a Nación Seguros, de las cuales el 60% se concretaron después de la firma del decreto 823/21.

Estas adjudicaciones se realizaron principalmente a través de contrataciones directas, sin la mediación de licitaciones formales.

La investigación también revela la participación de otros intermediarios en el negocio de Nación Seguros, como la aseguradora Castello Mercuri SA y la firma TG Broker SA, vinculada al empresario Nicolás “Nicky” Caputo.

Estos intermediarios quedaron bajo sospecha debido a su conexión con el ex presidente y a posibles operaciones poco transparentes.

En cuanto a las cifras, el análisis muestra un aumento progresivo en las contrataciones con Nación Seguros desde la implementación del decreto. En 2022, las adjudicaciones alcanzaron las 282, mientras que en el último año de mandato de Fernández llegaron a 288.

El caso que destapó esta maniobra fue el de los préstamos otorgados por la ANSES a jubilados, en el que los brokers privados cobraban comisiones del 17%, descontadas de los haberes jubilatorios.

Esta situación generó investigaciones tanto en la Justicia como en el propio Gobierno, presentadas por el Ministerio de Capital Humano, la ANSES y Nación Seguros.

A pesar de las denuncias y la apertura de investigaciones, las contrataciones con Nación Seguros continuaron en otros organismos del Estado, como los ministerios de Defensa y de Seguridad, las Fuerzas Armadas, Gendarmería, y más.

En total, se registraron 91 adjudicaciones entre diciembre de 2021 y diciembre de 2023.

Este aumento en las adjudicaciones a Nación Seguros plantea interrogantes sobre la transparencia en los procesos de contratación del Estado y la influencia de los intermediarios en el negocio de los seguros estatales.

La investigación judicial en curso buscará determinar si hubo irregularidades en estas operaciones y si se vulneraron los principios de competencia y transparencia en las contrataciones públicas.

Fuente: infobae.com