La comisión de Ambiente del Concejo Deliberante de La Plata abordó finalmente el martes, después de varias postergaciones, un proyecto presentado en 2019 por la Asamblea de Inundados de La Plata y por el que los damnificados de la trágica inundación vienen reclamando hace tiempo al oficialismo. Cuáles son los puntos en debate.

El anteproyecto de ordenanza crea el Consejo Social para la Gestión del Riesgo de Inundaciones, un organismo consultivo y participativo que cuenta con el aval de ONGs y de la UNLP, pero que no logró avanzar en todo este tiempo. Ahora, tras la aprobación de la declaración de "emergencia climática" en La Plata, la asamblea de inundados volvió al ruedo con el tema. 

El propósito de los inundados es generar un espacio de diálogo y poder "canalizar de manera orgánica la participación ciudadana" en las políticas contra las inundaciones que lleva adelante el Municipio, tal como se explica en los considerandos. Según el expediente 68350, el Consejo Social "tendrá por objeto canalizar la participación social en la formulación e implementación de planes y programas de gestión del riesgo de inundaciones y fenómenos naturales asociados". "Estará conformado por organizaciones no gubernamentales, representantes del Departamento Ejecutivo y del Concejo Deliberante".

Entre los objetivos que menciona el proyecto están: evaluar medidas en materia de gestión de riesgo de desastres que adopte la Municipalidad y proponer cursos de acción; expedirse sobre el diseño de campañas para comunicación del riesgo; proponer actividades para el involucramiento de la comunidad en la adopción de medidas de mitigación y la preparación para el desempeño de los hogares frente a contingencias en el marco de los planes oficiales. También convocar a audiencias públicas de participación abierta y cualquier otra actividad que contribuya a mejorar la gestión del riesgo frente a inundaciones y otros fenómenos asociados.

En el articulado se establece que el Consejo estará integrado por 25 miembros que serán designados por entidades de bien público, ONGs, colegios profesionales y UNLP. Además, por el Ejecutivo, participarán cuatro funcionarios "con competencia directa en gestión del riesgo, hidráulica, planeamiento y uso del suelo y comunicación pública". En todos los casos "tendrán rango no menor a director general". En tanto, por el Deliberativo participarán cuatro concejales: dos por la primera minoría dos por la segunda y tercera, respectivamente.

El expediente fue tratado por segunda vez este martes en la comisión de Ambiente que presidente el concejal del Frente de Todos, Luis Arias, donde se estudió el articulado y los concejales de Juntos, que son mayoría en la comisión, propusieron realizar modificaciones. 

Según explicaron fuentes legislativas, el oficialismo pidió realizar cambios para que quede claro que se trata de un órgano "consultivo" y "no vinculante" para la construcción de las políticas públicas del Municipio. Pero además, los ediles de Juntos también propusieron convocar a un funcionario del Ejecutivo para que opine sobre la viabilidad del proyecto, que podría ser el secretario de Gobierno, Marcelo Leguizamón, o algún integrante del Comite Operativo de Emergencia Municipal (COEM) para que participe de la próxima reunión de la comisión. 

La próxima reunión de Ambiente fue programada para el martes 19 de julio. Hay expectativa de las asambleas para que se avance y el proyecto llegue al recinto de una vez por todas.