La investigación penal que involucra al exintendente de La Plata, Pablo Bruera, ha dado un nuevo paso hacia delante, luego de la condena de su hermano Mariano Bruera por su participación en una asociación ilícita y delitos de corrupción.

Los detalles revelados durante el juicio, han generado un análisis más profundo de la situación y despertaron interrogantes sobre la posible responsabilidad del exjefe comunal en estos actos delictivos.

En el marco del juicio oral, otro exfuncionario municipal, Enrique Sette, también fue condenado por delitos como "exacciones ilegales", "cohecho pasivo" y "asociación ilícita".

Sette ocupaba el segundo puesto en la jerarquía municipal, por debajo del propio Pablo Bruera. Expertos en derecho penal consideran poco probable que el flujo de dinero ilícito no haya seguido una ruta ascendente dentro de la estructura municipal.

La fiscal Victoria Huergo, solicitó la reapertura de la investigación después de que surgieran evidencias durante el juicio que apuntaban a la posible implicación de más personas en estas actividades delictivas. El Tribunal Oral Criminal II de La Plata receptó este requerimiento y ordenó la continuidad de la pesquisa.

Según la sentencia a la que se tuvo acceso, la asociación ilícita operó al menos desde principios de 2014 hasta julio de ese mismo año. Sin embargo, surgen interrogantes sobre si los sobornos eran necesarios solo durante ese período o si todas las rezonificaciones de terrenos anteriores también involucraron pagos ilegales. Este aspecto resulta fundamental para comprender la magnitud de los delitos cometidos.

La investigación ha revelado evidencias, como nombres, direcciones y números de teléfono, que involucran a personas que lograron la rezonificación de sus terrenos. Incluso se ha encontrado una sorprendente planilla de Excel.

La sospecha de que estas personas pagaron sobornos es muy fuerte, y tanto quienes ofrecieron como quienes recibieron el dinero pueden ser sancionados en este tipo de delitos.

La sentencia estableció que la asociación ilícita estuvo conformada por Mariano Bruera, Enrique Sette, Roberto Moreno, el fallecido Ricardo Moratti y el particular Christian Ybarra, quien anteriormente tenía vínculos contractuales con el municipio.

Sin embargo, en su voto, el juez Claudio Bernard mencionó la existencia de "dos" ventanillas de cobro, lo que sugiere la posible participación de otro funcionario de ese momento, con acceso directo e inmediato al entonces intendente Pablo Bruera.

Esta andanada de indicios plantean la pregunta de si estas actividades ilegales podrían haber tenido lugar sin el conocimiento del exjefe comunal. Lo lógico es pensar que nada de esto hubiera sido posible sin la anuencia y compromiso del jefe comunal.

La Justicia considera que esta asociación ilícita estaba compuesta por al menos cinco personas, tres de ellas pertenecientes a la cúpula dirigencial de la Municipalidad de La Plata, un empleado y un exempleado municipal.

Estos individuos, a través de la división de tareas y funciones, se encargaban de solicitar dinero en dólares de manera ilícita a cambio de la rezonificación de terrenos destinados a la reserva urbana.

Si bien la sentencia fue unánime, el voto redactado por el juez Bernard resalta que, al momento de la denuncia de los hechos juzgados, existía una administración municipal corrupta con funcionarios públicos desempeñando distintos roles y funciones, dedicados a cobros indebidos para otorgar la rezonificación de terrenos.

El testimonio del denunciante Guillermo Andreau durante el juicio, ha despertado sospechas de que las altas esferas municipales tenían conocimiento de los pedidos de sobornos a particulares interesados en la rezonificación de sus terrenos para el desarrollo inmobiliario.

Andreau recibió la propuesta de lotear sus terrenos a cambio de una suma considerable de dinero, y al denunciar la situación, mencionó que un alto funcionario le aseguró que hablaría con Pablo Bruera al respecto.

A medida que la investigación avanza, se espera que más personas sean citadas a declarar para brindar explicaciones sobre su posible participación en estos actos de corrupción.