Los internos pertenecientes a redes del crimen organizado, tanto locales como transnacionales, se encuentran en alerta ante las restricciones impuestas por el Sistema Integral de Gestión para Personas Privadas de la Libertad de Alto Riesgo. Aunque no han recurrido a la violencia, muestran una clara evolución en sus tácticas.

La Resolución Nro. 35/2024 del Ministerio de Seguridad, publicada hace menos de un mes, proporcionó herramientas para abordar adecuadamente la problemática del crimen organizado, priorizando la seguridad de la comunidad.

El alojamiento, la segmentación y la clasificación de los internos según su nivel de riesgo, son elementos esenciales en esta estrategia de seguridad nacional, liderada por el Servicio Penitenciario Federal.

A pesar de la resistencia de algunos internos, las nuevas medidas buscan neutralizar la continuidad criminal de las bandas organizadas. Sin embargo, la implementación enfrenta desafíos, como el rechazo a la comida institucional y la búsqueda de lagunas legales para mantener privilegios, como las visitas íntimas.

El protocolo, inspirado en estándares internacionales, limita el flujo de dinero dentro de las cárceles y restringe las visitas, generando controversias y desafíos legales por parte de los internos afectados, algunos de los cuales buscan forzar interpretaciones de la normativa existente.