En un comunicado del Ministerio de Seguridad encabezado por Patricia Bullrich, se informó sobre la detención de un joven de 29 años acusado de "intimidación pública" por amenazar al presidente Javier Milei. El arresto se realizó tras una discusión en Instagram donde el joven habría amenazado al presidente "con un disparo en la cabeza" y mencionado futuros atentados en marchas a favor del mandatario.

El operativo de la Policía Federal tuvo lugar en Chacarita, basándose en el supuesto pensamiento ideológico del detenido vinculado al comunismo, según el relevamiento de sus redes sociales. Este episodio se suma a otros operativos polémicos durante la gestión de Bullrich, como el desmantelamiento de un presunto atentado planeado por tres individuos sirio-libaneses, que resultó en la liberación de los sospechosos por falta de pruebas.

La ministra Bullrich ha sido conocida por su enfoque en la persecución de presuntos terroristas a través de las redes sociales, aunque algunos casos han sido cuestionados por falta de evidencia contundente. En medio de este accionar, resurge el debate sobre la delgada línea entre la prevención y la persecución, especialmente en un contexto político cargado de tensiones e ideologías encontradas.

Desde la gestión macrista hasta la actualidad, los "atentados" anunciados por Bullrich han generado controversia, incluyendo detenciones basadas en amenazas en redes sociales que resultaron ser falsas alarmas. Estos casos alimentan el debate sobre el uso de la seguridad como herramienta política y la necesidad de un equilibrio entre la protección de la sociedad y el respeto de los derechos individuales.