Según un informe del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), al 31 de diciembre de 2022, Chaco ocupaba el cuarto lugar a nivel nacional en cantidad de personas privadas de libertad en comisarías, siendo la peor del NEA.

El panorama en números

El informe revela que de los 2.377 detenidos bajo el sistema judicial chaqueño, 1.119 estaban recluidos en comisarías, lo que representa un alarmante 47% del total. Este hacinamiento no solo es un problema de espacio, sino de condiciones de vida que vulneran derechos fundamentales.

Jorge Capitanich había intentado enfrentar este desafío con la declaración de emergencia en las condiciones de detención en las comisarías a través del Decreto N° 2821/2021.

Sin embargo, los números demuestran que la situación empeoró. En 2021, había 1.359 personas privadas de libertad en comisarías con una capacidad de solo 546 plazas, resultando en una superpoblación del 150%.

Gran Resistencia, el epicentro del problema

La situación es particularmente grave en el área metropolitana del Gran Resistencia, donde solo hay 200 plazas disponibles en las comisarías, pero al cierre de 2021 había 647 personas detenidas, una superpoblación del 220%.

Comisarías como la Quinta del Barrio Güiraldes llegaron a cuadruplicar su capacidad.

Una solución pendiente

La realidad muestra que no se han tomado medidas efectivas para revertir esta situación. Las comisarías carecen de las infraestructuras mínimas necesarias para garantizar condiciones dignas de detención, y la problemática parece lejos de resolverse.

La Constitución Nacional es clara en cuanto a las condiciones que deben cumplirse en las cárceles, pero la realidad en Chaco es un claro incumplimiento de estas normas. La falta de respuesta por parte del sistema judicial y la indiferencia de las autoridades exigen una intervención urgente para corregir esta grave situación.

Por Carlos Prette, director de INFOQOM, especial para PrimeraPagina.info