La Corte Penal Internacional (CPI) ha emitido este martes órdenes de arresto contra el ex ministro de Defensa ruso, Serguéi Shoigú, y el jefe del Estado Mayor, Valeri Guerásimov, por su presunta implicación en crímenes de guerra y lesa humanidad durante la invasión de Ucrania, específicamente entre octubre de 2022 y marzo de 2023.

Según un comunicado de la CPI, los jueces encontraron motivos razonables para creer que Shoigú y Guerásimov son responsables de "ataques con misiles llevados a cabo por las fuerzas armadas rusas contra la infraestructura eléctrica de Ucrania" desde el 10 de octubre de 2022 hasta el 9 de marzo de 2023. Estos ataques afectaron a numerosas plantas y subestaciones eléctricas en varias localidades ucranianas.

Pese a las órdenes de arresto, la detención de los sospechosos es poco probable, ya que Rusia no es miembro de la CPI, no reconoce su jurisdicción y se niega a entregar a los acusados.

El año pasado, la CPI también ordenó el arresto del presidente ruso, Vladimir Putin, por su presunta responsabilidad en el secuestro de niños ucranianos.

Putin reemplazó a Shoigú como ministro de Defensa en mayo, al inicio de su quinto mandato presidencial, y lo nombró secretario del Consejo de Seguridad de Rusia.

La Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI aprobó las órdenes de detención, acusando a ambos altos funcionarios de crímenes de guerra por "dirigir ataques a objetivos civiles y causar daños colaterales excesivos a civiles y bienes civiles". También se les acusa de un crimen de lesa humanidad por "actos inhumanos" según el Estatuto de Roma.

El fiscal de la CPI, Karim Khan, solicitó estas órdenes de arresto, argumentando que Shoigú y Guerásimov son "responsables a nivel penal" de los crímenes mencionados, ya sea por cometerlos directamente, ordenarlos o no ejercer el control adecuado sobre sus fuerzas para evitar estos crímenes.

Los tres jueces de la Sala de Cuestiones Preliminares consideran que hay motivos razonables para creer que los ataques de las fuerzas armadas rusas contra la infraestructura eléctrica ucraniana fueron dirigidos contra objetivos civiles y, en casos donde las instalaciones podían considerarse objetivos militares, el daño colateral a civiles fue claramente excesivo en comparación con la ventaja militar anticipada.

Además, la CPI señala que la campaña de ataques constituye una serie de actos contra la población civil, llevados a cabo conforme a una política estatal, lo que sugiere que los sospechosos causaron intencionalmente un gran sufrimiento o lesiones graves, haciéndolos responsables penalmente del crimen de lesa humanidad.

Aunque los detalles de las órdenes se mantienen en secreto para proteger a los testigos y las investigaciones en curso, la CPI autorizó la divulgación pública de la existencia de estas órdenes de detención y los nombres de los sospechosos.

Estas nuevas órdenes se suman a las emitidas previamente en el contexto de la invasión rusa de Ucrania, como las de marzo pasado contra el teniente general de las Fuerzas Armadas Rusas, Sergey Kobylash, y el almirante de la Armada Rusa, Viktor Sokolov. Un año antes, la CPI ordenó el arresto de Vladimir Putin y la comisionada presidencial para los Derechos del Niño en Rusia, María Lvova-Belova, por la deportación ilegal de menores ucranianos, considerado un crimen de guerra según el Estatuto de Roma.