El Ministerio de Seguridad ha ampliado su denuncia en uno de los dos juzgados federales de Comodoro Py, donde se investigan testimonios de presuntas víctimas de delitos como amenazas, extorsión y defraudación al Estado cometidos por piqueteros y sindicatos. Si bien la semana pasada las acusaciones se centraron en líderes de organizaciones sociales, esta vez el foco estuvo en acciones ilegales atribuidas a gremialistas durante el paro del 9 de mayo pasado.

En el juzgado de Ariel Lijo, donde junto a Sebastián Casanello se investigan estos hechos, se presentaron 40 nuevos testimonios recibidos a través del número telefónico gratuito 134, habilitado por el Gobierno para denuncias. El equipo de investigación ha analizado más de 150 mil llamadas, seleccionando las que contenían mayores indicios de gravedad y solidez.

Entre los movimientos mencionados en las denuncias se encuentran el Movimiento Evita, la Tupac Amaru de Milagro Sala, el Polo Obrero, la UTEP de Juan Grabois, Libres del Sur, Izquierda Latinoamericana, Unión y Lucha Barrial, Evita Vive, el Movimiento La Dignidad y la organización 17 de Octubre. No obstante, lo más llamativo ha sido el detalle y cantidad de casos de amenazas y presiones recibidas por parte de sindicatos.

Según una de las presentaciones, "se recibió un caudal de denuncias de la ciudadanía respecto de algunas organizaciones sindicales y gremios que amenazaban al personal en sus ámbitos laborales obligándolos a la adhesión al paro nacional del 9 de mayo de 2024". Los gremios mencionados incluyen Comercio, Camioneros, UOM, UTA, Luz y Fuerza, ATE, SMATA, UOCRA, APTA y APA, estaciones de servicio, correos (ALECYT), casinos y UPAT.

El equipo jurídico del Ministerio de Seguridad considera que "los hechos denunciados podrían constituir delitos de amenazas agravadas y extorsión". La mayoría de los testimonios relatan presiones antes, durante y después de la huelga para garantizar el acatamiento de la medida de fuerza dispuesta por la CGT. Este fue el segundo paro contra el gobierno de Javier Milei, que tuvo un acatamiento irregular, incluso afectando el transporte público.

Los relatos incluyen frases como "mañana no vayas a trabajar porque te vamos a reventar", "nos obligaron a adherir al paro" y "si se presentan a trabajar en el día de la fecha va a haber consecuencias". Otros testimonios describen cómo empleados fueron obligados a fichar y retirarse, bloqueos de accesos y amenazas de vandalismo.

Algunas denuncias específicas incluyen: "personal del gremio Camioneros dijo que no iban a salir repartos de la empresa y obligaron a los empleados a retirarse", "en Aerolíneas Argentinas, el sindicato APA obligó de manera violenta a los empleados a adherirse al paro", y "en Correo Argentino, el sindicato ALECYT está haciendo un listado con la gente que no quiso adherirse al paro".

En relación con los piqueteros, se relataron casos de subsidios ofrecidos bajo amenazas para participar en marchas y manifestaciones públicas. Los testimonios también denuncian la exigencia de aportes mensuales en efectivo, con amenazas de dar de baja los planes sociales si no se cumple con las demandas. Algunas denuncias incluso mencionan abusos e intimidaciones para obtener favores sexuales a cambio de subsidios.

Uno de los testimonios cuenta que "se le cobra un aporte mensual en efectivo de $4.500 y se lo amenaza con darle de baja su plan si no paga o no va a las marchas". En todos los casos, el Ministerio considera que los hechos podrían configurarse como "delitos de amenazas agravadas, extorsión y defraudación al Estado".

Entre los relatos seleccionados también se encuentran situaciones de abusos e intimidaciones para obtener subsidios a cambio de favores sexuales. Un testimonio menciona: "El referente acosa a las mujeres bajo amenaza de sacarlas de la organización. A la denunciante le quieren sacar el plan por no acceder a estas demandas".

Estas denuncias ahora serán investigadas por el juzgado federal N° 4, que deberá determinar la veracidad de los testimonios y tomar las medidas correspondientes.