Cada 4 de septiembre, Argentina conmemora el Día Nacional del Inmigrante, una fecha de importancia que honra a las personas migrantes que desempeñaron un papel fundamental en la formación de la identidad nacional. El origen de esta efeméride se remonta a 1949 y está vinculado a un evento histórico.

La iniciativa de establecer este día provino del entonces presidente Juan Domingo Perón, quien lo oficializó mediante el Decreto Nº 21.430. La elección de esta fecha no fue aleatoria, ya que el 4 de septiembre de 1812, el Primer Triunvirato firmó un decreto que promovía activamente la inmigración a Argentina.

Este decreto histórico del Primer Triunvirato ofrecía protección inmediata a individuos y sus familias de todas las naciones que quisieran establecerse en el territorio argentino. Esta acción marcó el inicio de una serie de políticas gubernamentales destinadas a fomentar, proteger y regular la inmigración en el país.

A pesar de los obstáculos surgidos debido a las guerras por la independencia, el esfuerzo por impulsar la inmigración continuó. En 1824, durante el mandato de Bernardino Rivadavia como ministro de Buenos Aires, se reactivó la comisión de inmigración. Sin embargo, en 1830, por decisión de Juan Manuel de Rosas, esta comisión se disolvió.

El decreto de Juan Domingo Perón que estableció el Día Nacional del Inmigrante subraya que el decreto del Primer Triunvirato fue el punto de partida para una serie de acciones gubernamentales que alentaron, protegieron y canalizaron la inmigración.

Además, enfatiza la importancia de rendir homenaje público y continuo a los inmigrantes de todas las épocas que contribuyeron al desarrollo de Argentina, enriqueciendo su cultura, industrias y artes.

En cuanto a los derechos de los inmigrantes en Argentina, la Constitución Nacional establece que gozan de los mismos derechos civiles que los ciudadanos argentinos.

Tienen el derecho de ejercer sus actividades comerciales, profesionales e industriales, poseer propiedades, navegar por los ríos y costas, practicar libremente su religión, casarse y testar según las leyes.

No están obligados a adquirir la ciudadanía ni a pagar impuestos extraordinarios. La nacionalización se obtiene después de residir durante dos años continuos en el país, aunque las autoridades pueden acortar este plazo en casos de servicio destacado a la República.