La fiscalía especializada en lavado de dinero ha presentado un informe contundente que señala un "enriquecimiento patrimonial injustificado" por parte del exintendente de Lomas de Zamora y exjefe de gabinete bonaerense, Martín Insaurralde. Según el informe, Insaurralde gastó más de 100,000 dólares en viajes a Estados Unidos y Europa entre 2021 y 2023, a pesar de tener un sueldo mensual de poco más de 1,800 dólares sin otros ingresos declarados.

El fiscal Diego Velasco, a cargo de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), destacó que Insaurralde omitió declarar bienes de su esposa, Jesica Cirio, en sus declaraciones juradas de 2013, 2020 y 2021. Además, vinculó a al menos tres empresas contratistas de la Municipalidad de Lomas de Zamora con bienes utilizados por Martín, como una casa en San Vicente y una camioneta Hyundai.

El informe también revela que Insaurralde vivió en un departamento en Puerto Madero registrado a nombre de una empresa, sin ser declarado. Se destaca la relación entre contratistas municipales y bienes personales de Insaurralde, planteando la posibilidad de lavado de activos y corrupción.

Además, la fiscalía solicita medidas de prueba, incluyendo exhortos internacionales a Estados Unidos, España y Suiza, para investigar los gastos en lujosos viajes y la relación de proveedores del municipio con los bienes de Insaurralde. Se menciona una fiesta de casamiento en 2014 y la investigación de pagos provenientes de Suiza para el alojamiento en Marbella.

El fiscal Velasco concluye que hay una "hipótesis de un enriquecimiento patrimonial injustificado" que involucra dinero de origen ilícito, seguido por el lavado de activos a través de la apariencia de licitud y el uso de personas jurídicas y humanas para encubrir el origen ilícito de los fondos.

El escándalo también incluye detalles sobre la relación de Insaurralde con empresas contratistas, bienes no declarados y el uso de vehículos municipales para fines personales. La fiscalía ha solicitado una investigación más profunda y el juez federal deberá llevar a cabo 18 medidas de prueba. Este caso ha generado gran repercusión y ha puesto bajo la lupa la conducta financiera del exintendente.