El intendente de Bariloche, Walter Cortés, enfrenta una denuncia penal debido a la adquisición de maquinaria vial con sobreprecios que, en algunos casos, superaron el 100% del valor de mercado. En medio de las intensas nevadas, la compra de tres equipos viales ha complicado la situación del mandatario.

A pesar de la emergencia económica que atraviesa el municipio, se realizaron compras de maquinaria a través de subastas privadas mediante tres resoluciones.

Estas adquisiciones han generado controversia y denuncias de mala planificación en el Operativo Invierno, agravadas por las condiciones climáticas adversas.

Para defenderse de las críticas, Cortés organizó una presentación ante el Tribunal de Cuentas local, con el objetivo de denunciar a su predecesor, Gustavo Gennuso. Sin embargo, la convocatoria, que incluía a concejales y dirigentes locales, no tuvo el impacto esperado. Además, se filtró que el intendente tiene una denuncia penal en curso relacionada con la adquisición de la maquinaria.

La normativa municipal no permite compras directas que superen los 3,8 millones de pesos, pero Cortés, electo por el partido vecinalista Unión y Libertad, eludió esta restricción y se autorizó a sí mismo.

"Resuelve autorizar al Ejecutivo Municipal representado por el señor Intendente Walter Cortés a participar de subasta privada, por un monto máximo de puja de $300.000.000,00", indica una de las resoluciones firmadas por el propio alcalde.

En total, el intendente desembolsó 240 millones de pesos por una motoniveladora de 2017, 110 millones por una pala cargadora y 115 millones por una retroexcavadora con oruga. Desde la oposición, se denuncia que maquinaria similar puede encontrarse por valores entre un 50% y un 10% menores.

Cortés participó en una subasta privada organizada por la empresa Adrián Mercado, la misma que intermedia las compras del Sindicato de Empleados de Comercio, del cual Cortés es secretario general. Además, el intendente pagó una comisión del 10% del valor total de las compras a Adrián Mercado, sumando 46 millones de pesos. Este pago de comisiones está prohibido por la normativa de Bariloche, al igual que la adquisición de maquinaria usada.

"El ejecutivo eligió incumplir con la totalidad de las recomendaciones cumplimentadas en forma previa al acto de subasta privada por el mismo Tribunal de Contralor barilochense", denunció el concejal Leandro Costa Brutten.