En el ex Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, hoy Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género, auditores hallaron irregularidades que podrían desembocar en la justicia. Se encontraron transferencias y subsidios por más de 10 mil millones de pesos al año destinados a diversas entidades y personas físicas, con resoluciones que se elaboraban 18 meses después de la entrega del dinero.

Entre las irregularidades, se marcaron honorarios millonarios para charlas sobre "perspectiva de género en la producción estadística provincial" y para la organización de eventos como partidos de fútbol femenino. Además, se investiga la falta de documentación que avale el desarrollo de actividades financiadas por el Programa Generar, entre otros.

Las indagaciones también apuntan a transferencias a asociaciones civiles vinculadas a organizaciones piqueteras, sin justificación adecuada. Mientras tanto, la ministra Sandra Pettovello avanza en medidas para reunir evidencias sobre posibles responsabilidades en la entrega de beneficios.

El cierre de 59 Centros de Referencia (CDR) y la suspensión de transferencias a Unidades de Gestión son parte de las acciones de Pettovello. Esto genera tensiones con organizaciones sociales, pero el gobierno defiende una gestión más transparente y eficiente, con licitaciones para compras de alimentos y ayudas directas a comedores registrados.