El juez federal Sebastián Casanello solicitó al Ministerio de Seguridad que adecue el accionar de las fuerzas de seguridad al marco constitucional en relación al protocolo antipiquetes, convocando a una audiencia para resolver un habeas corpus solicitado por legisladores de izquierda y la fiscalía.

La demanda fue presentada por la legisladora porteña María Celeste Fierro, del MST, buscando suspender el protocolo por supuestas vulneraciones de derechos y garantías durante las movilizaciones.

Tras una serie de idas y vueltas jurisdiccionales, el caso llegó a Casanello, quien requirió al Ministerio de Seguridad que explique los fundamentos jurídicos del protocolo y su adecuación a normas internacionales de derechos humanos.

En respuesta, el Ministerio defendió el protocolo argumentando su necesidad ante la situación de desorden en la vía pública, lo que generó la orden del juez de ajustar la actuación de las fuerzas policiales a los límites constitucionales.

Además, Casanello instruyó a las fuerzas policiales a informar y consultar a las autoridades judiciales en su accionar, citando estándares internacionales de derechos humanos y convocando a una audiencia para el 14 de febrero.