El reciente caso de abuso sexual que involucra a Alejandro Wiebe ha puesto nuevamente en el centro de la escena un tema de gran relevancia social: la prescripción en los delitos sexuales contra menores. A pesar del aumento de las denuncias en los últimos años, muchas víctimas se encuentran con el impedimento de la prescripción, lo que les impide obtener justicia.
El sistema judicial argentino enfrenta un desafío significativo al abordar los casos de abuso sexual infantil. Si bien se han producido avances en materia legislativa, como la Ley 27.206 que suspende la prescripción mientras la víctima sea menor de edad, los hechos ocurridos antes de 2011 siguen siendo un obstáculo.
Las víctimas de abuso sexual infantil suelen enfrentar múltiples barreras para denunciar: miedo, vergüenza, culpa y la dificultad de romper el vínculo con el agresor. A esto se suma la posibilidad de que su denuncia sea declarada prescripta, lo que revictimiza y revuelve el dolor.
Ante esta situación, fiscales y organizaciones de la sociedad civil han iniciado una batalla legal para modificar las leyes de prescripción y garantizar el acceso a la justicia para todas las víctimas, independientemente de cuándo ocurrieron los hechos. La Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene en sus manos la posibilidad de establecer un precedente histórico al revisar los casos de prescripción y declarar inconstitucionales las normas que impiden el juzgamiento de estos delitos.
Más allá de las reformas legales, es necesario trabajar en un cambio cultural profundo que permita erradicar la violencia sexual y brindar un acompañamiento integral a las víctimas. La educación sexual integral, la prevención y la sensibilización de la sociedad son fundamentales para construir un futuro más seguro para niñas, niños y adolescentes.
