Un ex funcionario del peronismo de los '90 y durante casi tres lustros en el Puerto La Plata, luego devenido amarillo con el advenimiento macrista al poder, es hoy el candidato a intendente de Berisso, justamente la ciudad sobre la que se recuesta la fastuosa terminal de contenedores construida durante la gobernación de Scioli, con la idea de ser la opción al Puerto de CABA que él mismo trató de desmantelar para vender sus terrenos.

Si bien se le atribuyen una multiplicidad de delitos durante sus largos años al frente de la Delegación Puerto LP, primero y el Consorcio de Gestión Puerto LP (organismo mixto entre los público y lo privado que él mismo creó), después; lo que hoy está en el centro de la escena judicial y que aboradremos en los siguientes párrafos, es justamente ese "intento de desmantelamiento del Puerto de Buenos Aires para convertir sus terrenos en negocios inmobiliarios millonarios en dólares".

Berisso ya viene sufriendo demasiado en los últimos años, con un intendente corrupto e ineficiente como el empresario kirchnerista Fabián Cagliardi, un empresario de la construcción que hizo pingües negocios con José López, el de los bolsos en el convento.

¿Es necesario exponer a la ciudad cuna del peronismo y las colectividades extranjeras, a la conducción de otro mafioso?

Nadie sabe por qué Jorge Metz pretende ser intendente de Berisso, ya que nunca vivió allí, sino en City Bell, en la esquina que forman el Camino Belgrano y la calle de acceso al Club Banco Provincia, una zona alejada a más de 10 kilómetros del municipio que pretende conducir. Además, jamás militó allí y no tiene trayectoria alguna; ni en el PRO, ni en la CC, y mucho menos en la UCR.

El solo hecho de haber vivido un largo affaire con una ex funcionaria suya en el Puerto La Plata hace dos décadas, que ahora convive con un ex Presidente de la Nación bullrichista, en Villa Elisa, no le dá crédito para pasar por encima de las leyes y reglamentaciones electorales y ser candidato de un distrito en el que nunca vivió; y lo que es mucho peor, teniendo conflictos de gravedad con la justicia por varios actos de corrupción.

Las denuncias contra Metz

La Oficina Anticorrupción ha ampliado una denuncia contra Jorge Metz, quien ocupó el cargo de subsecretario de Puertos durante el gobierno de Mauricio Macri, acusándolo de permitir el desmantelamiento del Puerto de Buenos Aires con el objetivo de convertir sus terrenos en negocios inmobiliarios. Metz, actual precandidato a intendente por el espacio Juntos por el Cambio en Berisso, cuenta con el respaldo de la precandidata a presidenta Patricia Bullrich.

Los cargos presentados contra Metz incluyen incumplimiento de deberes de funcionario público, defraudación al Estado en perjuicio de la administración pública y administración fraudulenta. La denuncia se basa en la Resolución 97/2016, firmada por Metz, que permitió la reducción del 30% de la jurisdicción portuaria estatal. Según la Oficina Anticorrupción, esta acción abrió la puerta al desmantelamiento del Puerto de Buenos Aires con el propósito de beneficiar a negocios inmobiliarios.

En la misma causa, también han sido acusados por el delito de defraudación el expresidente Mauricio Macri, el exministro de Transporte, Guillermo Dietrich, el ex titular de la Agencia de Administración de Bienes del Estado, Ramón Lanús, y el ex vicepresidente, Pedro Comín Villanueva, entre otros exfuncionarios macristas.

La Oficina Anticorrupción destaca en su dictamen que la Resolución 97/2016 fue el punto de partida para una serie de hechos que están siendo investigados penalmente y que están relacionados con negocios inmobiliarios realizados en los terrenos portuarios.

Se resalta que esta resolución constituyó el requisito esencial que justificó la adopción de actos subsecuentes que implicaron la exclusión de terrenos del Puerto de Buenos Aires. Según la OA, cualquier acto administrativo basado en esta resolución estaría sujeto a nulidad absoluta.

La norma en cuestión fue objeto de críticas debido a su supuesta nulidad, y finalmente fue anulada formalmente en enero de este año por el actual subsecretario de Puertos, Patricio Hogan. La resolución se basó en informes técnicos de la Jefatura de Gabinete, que consultaron a la Agencia Administradora de Bienes del Estado, la SIGEN (Sindicatura General de la Nación), la Procuración del Tesoro Nacional y la propia Subsecretaría.

Todos estos organismos llegaron a la misma conclusión: la jurisdicción portuaria debía ser definida por una ley del Congreso, y cualquier modificación debía seguir ese procedimiento. Por lo tanto, se argumenta que la Subsecretaría de Puertos, a cargo de Metz, carecía de las facultades para tomar la decisión de reducir la jurisdicción. Además, se señala la falta de informes técnicos que respaldaran dicho cambio de delimitación.

La Justicia ha recibido el pedido de la Oficina Anticorrupción para intensificar la investigación contra Metz, no solo por incumplimiento de deberes de funcionario público, sino también por fraude al Estado. Según la OA, Metz desempeñó un papel fundamental en la consumación de la presunta maniobra defraudatoria contra el Estado Nacional. Se le acusa de ser cómplice de los delitos mencionados.

La investigación judicial, a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 5, también está indagando en las subastas realizadas para la venta de los terrenos. En cada subasta, solo una o dos empresas presentaban ofertas por debajo del presupuesto mínimo establecido por el Estado y por debajo del valor de mercado.

Se ha sugerido que estas empresas coordinaban sus ofertas para asegurarse que, si una ganaba en una subasta, perdería en la siguiente. De esta manera, los compradores privados adquirieron valiosos terrenos a precios irrisorios. Según fuentes relacionadas con la investigación, algunos terrenos se vendieron al Estado por 400 mil dólares, pero su valor en el mercado supera los 45 millones de dólares.

La situación planteada, pone de manifiesto un presunto caso de corrupción que involucra a altos funcionarios del gobierno anterior y genera preocupación sobre la integridad en la gestión pública y el uso de recursos estatales. La investigación judicial en curso determinará las responsabilidades y consecuencias legales correspondientes a los acusados.