Los últimos 13 artículos del reciente Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) lanzado por el presidente Milei están destinados a modificar el funcionamiento de los registros del automotor, con un enfoque hacia la digitalización de trámites. Aunque la iniciativa busca agilizar procesos y eliminar costos desproporcionados, no aborda una reducción de impuestos. La reforma, contenida entre los artículos 351 y 364, altera disposiciones de un decreto de 1958 ratificado en 1997, centrándose en el régimen jurídico del automotor.

Se propone un registro electrónico de acceso público, sustituyendo el archivo físico ordenado de copias de instrumentos registrados. Además, se eliminan disposiciones sobre el lugar de radicación del vehículo y la duplicación del título automotor. Estas reformas, aunque alineadas con proyectos presentados en el Congreso, no representan un cambio estructural y generan críticas por su falta de reducción de impuestos.

Diputados como Patricia Vásquez y Oscar Agost Carreño ya han presentado propuestas más ambiciosas, abogando por la eliminación de los registros automotor en favor de un sistema digital único. A pesar de coincidir con algunos objetivos del DNU, plantean que legislar estas normas sin la participación del Congreso es cuestionable y destacan la ausencia de la prometida reducción impositiva.

La reforma del sistema de registros automotor no solo ha generado resistencia en el ámbito registral sino que también podría enfrentar obstáculos judiciales. Aunque aspira a modernizar los procesos, la iniciativa ha suscitado dudas sobre su implementación y consecuencias en la Justicia y en el sistema registral existente, con críticos destacando su falta de beneficios tangibles para los usuarios.