En el debate público contemporáneo se ha naturalizado una consigna que, bajo una apariencia democrática, encierra una confusión peligrosa: la idea de que todas las opiniones merecen respeto.

Repetida sin matices, esa afirmación no fortalece el diálogo cívico: lo debilita. Al colocar todas las ideas en un mismo plano, diluye la responsabilidad que implica opinar y empobrece la discusión democrática.

La libertad de expresión es un pilar esencial de toda sociedad democrática. Garantiza el derecho a pensar, disentir y expresarse sin temor.

Pero no es un derecho ilimitado. No ampara la mentira deliberada ni la difamación. Que algo pueda decirse no lo convierte automáticamente en verdadero, legítimo ni valioso para el debate público.

Una democracia madura no mide las ideas por su volumen ni por su capacidad de provocar, sino por su consistencia. Importa qué se dice, con qué fundamentos y con qué intención.

Las opiniones que buscan herir, carecen de sustento fáctico o tienen como objetivo dividir, excluir o estigmatizar, no enriquecen el intercambio: lo degradan.

Respetar a las personas no implica convalidar cualquier afirmación. La convivencia democrática exige escuchar incluso al que piensa distinto, pero también preservar el derecho —y el deber— de señalar una falsedad cuando aparece. Marcar límites claros no es censura, es responsabilidad cívica.

Cuando se diluye la frontera entre opinión y difamación, el espacio público se llena de ruido, la verdad se relativiza y la mentira se normaliza.

El resultado no es una sociedad más libre, sino una más vulnerable a la manipulación y al deterioro del debate democrático. Opinar es un derecho. Difamar es un ataque.

La democracia se fortalece cuando distingue entre ideas debatibles y discursos que dañan el tejido social. Esa distinción no restringe la libertad de expresión: la protege de su degradación.

(*) Ex presidente del Fondo del Conurbano Bonaerense y ex secretario Legal y Técnico de la presidencia de la Nación, Ex Ministro de Justicia de la Prov. de Bs. As., Ex integrante del Consejo de la Magistratura de la Prov. de Bs. As. y Presidente de la Asociación  Amigos del Museo Histórico 17 de Octubre de San Vicente -sitio donde descansan los restos del General Perón-.