El distrito de Ezeiza se convirtió en el escenario de un escándalo que expone, según las denuncias presentadas, el funcionamiento de una estructura de poder donde la necesidad de los vecinos parece convertirse en el mejor negocio para quienes gobiernan. La gestión encabezada por el intendente Gastón Granados enfrenta denuncias penales y públicas de extrema gravedad por la presunta venta clandestina de más de 7 hectáreas de predios fiscales. No se trata de cualquier tierra: esos terrenos contaban con convenios y actas compromiso, firmados con el sello y la firma del propio municipio, para la construcción de viviendas sociales destinadas a familias vulnerables que todavía esperan una solución habitacional.

La promesa era una vivienda. El negocio denunciado sería otro

Lejos de cumplir con la palabra empeñada, las denuncias describen un circuito inmobiliario en el que testaferros, empresas amigas y allegados al poder político habrían ocupado, loteado y comercializado terrenos pertenecientes al Estado para obtener ganancias millonarias a costa de los sectores más postergados. Si la Justicia confirma estas acusaciones, la paradoja sería sencillamente obscena: las tierras reservadas para quienes no tienen casa habrían terminado convertidas en una caja para quienes ya tienen poder, contactos y negocios.

Mientras tanto, familias enteras continúan hacinadas en habitaciones alquiladas y sobreviven gracias a la solidaridad de terceros. La situación resulta todavía más dramática para quienes padecen enfermedades crónicas y, según denuncias vecinales, encuentran obstáculos para acceder a coberturas y pensiones. A ello se suma el deterioro de la atención sanitaria en los barrios periféricos, con reclamos por falta de médicos y demoras de ambulancias que, según testimonios, pueden alcanzar hasta dos horas frente a situaciones de urgencia.

En semejante escenario, el suelo público parece tener una curiosa prioridad: cuando lo necesita una familia humilde, siempre falta; cuando aparece un negocio inmobiliario, misteriosamente encuentra destino.

El caso de las tierras fiscales tampoco aparece aislado dentro del largo historial de cuestionamientos que rodea al poder político de Ezeiza. Desde las denuncias vinculadas con fondos públicos y viviendas sociales arrastradas desde la época de “Sueños Compartidos” hasta los señalamientos sobre presuntos negociados inmobiliarios, adjudicaciones discrecionales de obras y licencias cuestionadas, el apellido Granados lleva décadas en el centro de una estructura política que sus críticos describen como un verdadero feudo municipal.

A ese cuadro se agregan los cuestionamientos sobre servicios esenciales, entre ellos informes y denuncias relacionados con la calidad del agua y la presencia de arsénico, además de reclamos persistentes por el estado de la infraestructura y la atención sanitaria. Es decir: mientras se discute qué ocurre con millones de pesos y hectáreas de patrimonio público, los vecinos siguen discutiendo algo bastante menos sofisticado: si tienen agua segura, una ambulancia a tiempo, un médico disponible o una vivienda digna.

La contradicción resulta brutal

Porque si las tierras fiscales fueron efectivamente destinadas a construir viviendas sociales, la eventual comercialización clandestina de esos terrenos no sería simplemente un negocio inmobiliario irregular: sería la apropiación de una oportunidad que pertenecía a los que menos tienen. Y allí es donde el escándalo deja de ser una discusión administrativa para convertirse en una pregunta política imposible de esquivar: ¿quién decidió cambiar el destino de esas tierras, quién se benefició y dónde terminó el dinero?

El problema de fondo es todavía más profundo. Ezeiza lleva décadas gobernado bajo la influencia de una misma familia política, y esa permanencia convirtió al apellido Granados en una marca inseparable del poder municipal. El riesgo de semejante concentración no está solamente en quién ocupa el despacho del intendente, sino en la posibilidad de que el Estado termine funcionando como patrimonio de una estructura familiar, donde los límites entre gestión pública, relaciones personales y negocios privados se vuelvan cada vez más difíciles de distinguir.

La presunta venta de las siete hectáreas destinadas a los sectores vulnerables debería, por eso, ser investigada hasta las últimas consecuencias. Porque si alguien decidió transformar tierras públicas destinadas a viviendas sociales en un negocio inmobiliario, no solamente habría cambiado el destino de un terreno: habría cambiado el destino de familias enteras.

Y ahí aparece la verdadera obscenidad del modelo Granados: mientras el vecino cuenta monedas para pagar un alquiler, otros contarían hectáreas; mientras una familia espera una vivienda, alguien podría estar haciendo negocios con ella; mientras un barrio espera una ambulancia, el poder municipal parece tener tiempo de sobra para administrar sus intereses.

Después de décadas de gobierno familiar, Ezeiza merece saber si tiene un municipio al servicio de sus vecinos o una estructura de poder que aprendió a confundir el patrimonio público con la caja propia.

Porque una cosa es gobernar una ciudad. Y otra, muy distinta, es comportarse como si la ciudad fuera una herencia familiar.