El desembarco de nuevos proveedores y empresarios alrededor de Gimnasia y Esgrima La Plata abre una trama mucho más grande que la administración de una institución sin fines de lucro. La investigación encarada por Primera Página reconstruye sociedades, licitaciones, causas judiciales, empresas radicadas en Florida, contratos estatales y conexiones con antiguos integrantes del mundo de la inteligencia que convergen alrededor de la institución durante la gestión de Carlos Anacleto. El punto de partida parece pequeño —un buffet y las viandas de un colegio—, pero al seguir los nombres aparece un entramado que atraviesa empresas, municipios, fútbol, política, dirigentes sindicales y expedientes penales. El informe reclama, además, respuestas sobre el destino de recursos del sistema educativo del club.
La puerta de entrada es FWD Zone S.A.S., CUIT 30-71629157-1. Según el informe, la Comisión Directiva desplazó de la explotación a El Rey del Dulce, concesionario con 90 años de trayectoria en La Plata, y entregó a FWD Zone el buffet de El Bosquecito y la provisión de viandas del Colegio Dr. René Favaloro. El interrogante no nace solamente de quién ganó el negocio, sino de la estructura que tenía la empresa cuando desembarcó en Gimnasia. El documento consigna que fue constituida con apenas $17.720 de capital, que tenía domicilio legal en Emilio Frers 574 de Ituzaingó —descripto allí como una vivienda residencial— y sostiene que antes de llegar al club no registraba empleados ni aportes patronales.
El giro societario llegó inmediatamente después. Un edicto incorporado al informe consigna que el lunes 19 de enero de 2026, renunció como administradora titular Gabriela Mariel Toscanini y fueron designados por tiempo indeterminado Juan Manuel Formino y José María “Pepe” Spinelli, con facultades indistintas de administración y representación legal. Ahí el expediente comercial deja de ser una discusión gastronómica y conecta el negocio de Gimnasia con protagonistas de una investigación penal mucho más pesada. El documento vincula a ambos con la causa que tiene como figura central a la contadora Natalia Romina Foresio.
El informe de PrimeraPagina.info describe a Spinelli como empresario platense, amigo del exintendente Julio Garro y antiguo contratista gastronómico durante los ocho años de administración municipal entre 2015 y 2023. También reproduce señalamientos históricos que lo ubicaron como supuesto operador financiero o presunto testaferro del exjefe comunal; esas caracterizaciones constituyen acusaciones y antecedentes recogidos por el informe que realizó un grupo de periodistas de investigación de Grupo Primera Página, auqnue no es por sí solo una sentencia que permita presentarlas como hechos judicialmente establecidos.
Formino, por su parte, es presentado como primo y socio estratégico de Natalia Romina Foresio y socio de Spinelli en emprendimientos gastronómicos y de construcción, entre ellos Bakim S.R.L. y Gastrober. Ambos estarían procesados dentro de una investigación por presunto lavado de activos que indaga el movimiento de $2.200 millones mediante más de 140 CUIT atribuidos a sociedades utilizadas para emitir facturación por servicios inexistentes, además de estar alcanzados por embargos. Ese es el antecedente que vuelve especialmente sensible su llegada a la administración de una empresa que acaba de obtener negocios dentro de Gimnasia.
El documento agrega otro capítulo: en agosto de 2026, ubica a Garro dentro de una investigación bonaerense sobre loteos y desarrollos inmobiliarios presuntamente irregulares durante su gestión. Identifica la intervención de la UFI N.º 5, del fiscal Juan Ignacio Mennucci y de la jueza de Garantías Marcela Garmendia, y enumera acusaciones por enriquecimiento ilícito, administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público. Son imputaciones que requieren conservar la presunción de inocencia y no deben confundirse con una condena. El informe las conecta con una hipótesis de perjuicios multimillonarios y beneficios para empresarios del entorno del exintendente.
La investigación afirma que el apellido Formino aparece más de diez veces en el expediente sobre facturación apócrifa. Nélida Cristina Formino, madre de Foresio y tía de Juan Manuel Formino, figura como presidenta de la cooperativa Agrícola El Triunfo Patagónico LTDA, de Chubut, señalada en el dossier de PP dentro de una pesquisa por el supuesto desvío de subsidios estatales hacia comercios pantalla de La Plata como Abra Maestro. La ruta que reconstruye el informe ya no termina en una empresa: se ramifica hacia subsidios, comercios, fútbol y movimientos de fondos entre provincias.
El material sostiene además que la investigación detectó dinero de esa red destinado a palcos de fútbol posteriormente embargados y más de $50 millones enviados a clubes del interior. Más adelante identifica transferencias hacia Independiente Rivadavia de Mendoza (club que preside Daniel Vila, uno de los empresarios más poderosos del país) y vínculos con Alvarado de Mar del Plata (club regenteado históricamente por Facundo Moyano, el escandaloso sindicalista multimillonario procesado por la justicia), donde señala comprobantes por $29 millones correspondientes a servicios hoteleros.
El dossier dedica un capítulo específico a esa pregunta y cita la Ley General de Sociedades N.º 19.550. Señala que el artículo 264 establece incompatibilidades para directores y, vía artículo 157, gerentes: distingue correctamente entre procesamiento y condena firme, menciona las inhabilidades derivadas de condenas por determinados delitos y plantea que eventuales restricciones judiciales para ejercer el comercio podrían afectar una designación. Debemos aclarar que procesamiento y embargo, por sí solos, no equivalen automáticamente a una prohibición general para administrar una sociedad; cualquier inhabilidad concreta depende de la situación procesal y las medidas judiciales efectivamente vigentes. Esa precisión jurídica es indispensable frente a la formulación más categórica que utiliza el informe.
El documento enumera además potenciales riesgos de confusión patrimonial, afectación del interés social, deterioro del scoring financiero y problemas de compliance. Invoca la Ley 25.246 y las normas de prevención del lavado para advertir sobre riesgo reputacional y operativo, y menciona los Reportes de Operación Sospechosa. El propio cuadro del informe clasifica procesamiento, embargo y compliance como factores de riesgo y enumera como consecuencias potenciales impugnaciones, dificultades crediticias y sanciones administrativas. También aquí hay que distinguir riesgo de consecuencia automática: la existencia de un administrador investigado no significa, por sí sola, que un club deba emitir un ROS ni que sus cuentas vayan a ser cerradas.
La investigación cambia entonces de escenario y entra en las aulas. Sostiene que la gestión de Anacleto heredó un incremento sustancial de la subvención estatal para los colegios del club que permite cubrir una parte importante de los salarios docentes, particularmente en el secundario. Al mismo tiempo, denuncia un supuesto proceso de desfinanciamiento de los tres niveles educativos. La contradicción que plantea el documento es concreta: más aporte público y cuotas superiores a $400.000 conviven con atrasos salariales del personal docente y auxiliar.
El dossier formula entonces una pregunta que no debe convertirse en acusación sin documentación contable: si parte del dinero proveniente de cuotas y subvenciones pudo destinarse a finalidades ajenas a los establecimientos educativos. También sostiene que los aranceles mencionados podrían entrar en conflicto con las bandas arancelarias aplicables a instituciones subvencionadas. Para pasar de interrogante periodístico a conclusión hacen falta balances, liquidaciones, cuentas bancarias y la normativa arancelaria aplicada específicamente a cada nivel. Lo que sí aporta el documento es la identificación de la resolución que otorgó el beneficio estatal.
Se trata de la Resolución RESOC-2025-5727-GDEBA-DGCyE, vigente desde el 1 de noviembre de 2025. Para Educación Primaria, DIEGEP 5968, registra aporte estatal del 60%, incluyendo un cargo de bibliotecario de jornada completa y seis módulos EPA. Para Educación Secundaria, DIEGEP 8467, consigna también 60%, con cobertura para los turnos mañana y tarde, cinco cargos de preceptor y 234 módulos curriculares.
El objetivo, según reconstruye el informe, era aliviar el déficit operativo, mantener aranceles accesibles y ampliar las becas para deportistas juveniles de las divisiones formativas. Pero el dossier describe tres recortes: eliminación de la ración de comida del personal docente; supresión de traslados de la comunidad educativa que habían sido restituidos por la conducción anterior; y reducción de actividades estudiantiles y culturales. La escena más dura que contiene el documento es la de auxiliares que, en medio de atrasos salariales, habrían pedido las sobras del almuerzo de los alumnos porque no podían costear su propia comida. También afirma que se cancelaron viajes institucionales a Córdoba para delegaciones deportivas, el reconocimiento a alumnos destacados y el coro de la institución.
El informe vuelve después sobre Natalia Foresio, a quien identifica además como madre del futbolista Juan Cruz Cortazzo y la señala cumpliendo arresto domiciliario. La acusa de haber administrado una estructura de más de 140 CUIT para movilizar $2.200 millones mediante facturación presuntamente apócrifa. Es el nodo que el dossier utiliza para conectar a Formino y Spinelli con una estructura financiera investigada judicialmente.
Según el material, la Justicia rastreó dinero hacia palcos VIP del estadio de Estudiantes: identifica el palco 307 con la familia Spinelli y el 426 con Agustín Alayes, y señala que fueron embargados. También menciona a Spinelli y a Joaquín Nicolás Hoz, primo suyo, como presuntos articuladores de movimientos correspondientes a los $2.200 millones investigados. La triangulación entre sociedades, fútbol y activos de alto valor, constituye uno de los núcleos centrales de la hipótesis judicial reconstruida por el informe.
Y aparece Miami. Formino figura, según los registros citados, en FEFO GROUP LLC, constituida en Florida junto con Alberto Enrique Fenoglio, a quien el informe identifica como revisor de cuentas de Estudiantes, exbasquetbolista de esa institución y responsable de su Secretaría de Deportes Amateur.
El tercer gran núcleo de la investigación conduce hacia Nicolás Nahuel Conti, secretario de Actas y Prensa de Gimnasia, contador público y yerno del presidente Carlos Anacleto. El informe lo conecta comercialmente con la familia de Silvia Majdalani, exsubdirectora de la Agencia Federal de Inteligencia (la ex AFI, hoy SIDE). Acá la investigación deja definitivamente el buffet y entra en una red societaria donde vuelven a cruzarse negocios privados, contrataciones estatales y apellidos vinculados históricamente con los servicios de inteligencia.
El dossier menciona también a Jorge Olivero, esposo de Majdalani, y refiere su relación personal con Francisco Larcher, exnúmero dos de la SIDE apartado durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. Luego coloca a Francisco José Olivero Majdalani, abogado, como socio recurrente de Conti en seis empresas, generalmente como director suplente. El informe especial de Grupo Primera Página contiene incluso un número de DNI aparentemente anómalo para Olivero Majdalani; lo preservamos como parte del material recibido, pero no lo reproducimos como dato validado.
Aunque el informe señala que Conti figura personalmente ante ARCA como no proveedor del Estado, sus sociedades sí aparecen vinculadas a contrataciones públicas. En Vicente López, Alimentos y Distribución S.A. resultó adjudicataria junto con Nomero S.A. de la Licitación Pública Nº 43, dispuesta mediante Decreto 6219/25, destinada a cajas alimentarias para comedores municipales, centros comunitarios, iglesias e instituciones de barrios vulnerables durante las fiestas de fin de año. El monto consignado es de $136.027.320.
El informe agrega un dato político: identifica a Soledad Martínez como intendenta de Vicente López y recuerda que Jorge Macri condujo ese municipio hasta 2023. Asimismo sostiene que en febrero de 2026 Macri designó a Agustina Olivero Majdalani, hija de Silvia y hermana de Francisco José, como secretaria de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Buenos Aires.
La investigación reserva un capítulo especial para Hollybar S.A.. Afirma que la empresa obtuvo contratos durante la administración de Garro y que, después de la derrota electoral de 2023, modificó su conducción. Un edicto del Boletín Oficial incorporado al PDF registra que el 14 de diciembre de 2023 se aceptó la renuncia de Julián Giménez, se produjo un cambio en el directorio y quedó Nahuel Nicolás Conti como presidente y director titular, con Francisco José Olivero Majdalani como director suplente; ambos fijaron domicilio especial en Cerrito 1070, tercer piso, oficina 71, CABA. La publicación oficial citada es del 29 de diciembre de 2023, número 35.331.
Hollybar había participado en la Licitación Pública N.º 6/2023, Decreto 0645/23, correspondiente al Servicio Alimentario Escolar-Plan MESA entre marzo y diciembre de 2023. Presentó una garantía de mantenimiento de oferta mediante una póliza de caución de Compañía Tutelar Seguros S.A. por $136.039.453,97. La empresa aparece así directamente vinculada al mercado de alimentos destinados al sistema educativo.
En la Licitación Pública N.º 46/2023, Decreto 1889/23, destinada a alimentos no perecederos para Desarrollo de la Comunidad, Hollybar presentó una oferta de $864.778.900, respaldada por una caución de $43.238.945.
En 2024 aparece otro mecanismo administrativo. El informe detecta tres actos municipales que reconocieron prestaciones a favor de Hollybar mediante legítimo abono, figura utilizada para cancelar prestaciones ya realizadas cuando no existió contrato previo vigente o no se completó oportunamente el procedimiento ordinario de contratación. El mecanismo es legalmente excepcional; su utilización reiterada es precisamente lo que el informe propone examinar.
El Decreto 1317/2024, del 13 de junio, expediente 4061-2032274-24, reconoció el gasto y autorizó el pago. El Decreto 1439/2024 homologó administrativamente gastos y ordenó su cancelación. Y el Decreto 2591/2024, del 21 de octubre, expediente 4061-2048074-24, reconoció otra prestación y dispuso el giro de fondos bajo la misma figura. El dossier sostiene que la recurrencia podría generar observaciones de los organismos provinciales de control por apartarse de los mecanismos ordinarios de concurrencia y licitación.
La red no termina en Hollybar. El documento identifica otras cinco sociedades compartidas o vinculadas:
- CO Fumigaciones S.A., con sede en Sargento Cabral 828, CABA: Conti aparece como presidente con 50% y Olivero Majdalani como director suplente con 50%; el informe señala prestaciones para ObSBA.
- Alimentos y Distribución S.A., Cerrito 1070: Olivero Majdalani 44%, Conti 15% y presidente; vinculada a la adjudicación de $136 millones en Vicente López.
- Tuliqui S.A., también en Cerrito 1070: Olivero Majdalani 39% y Conti 18%.
- Vibra Sports S.A., Posadas 1217: Conti 20%, Olivero Majdalani 10%.
- GCO Trading S.A., constituida con $30 millones: Conti 33,33% y Olivero Majdalani 33,33%, vinculada por el informe a actividades agroindustriales y financieras.
A ellos se suma Julián Giménez, socio en Alimentos y Distribución y Tuliqui y anterior presidente de Hollybar, antes del ingreso de Conti. Los mismos nombres reaparecen en sociedades diferentes, con porcentajes y cargos que se cruzan de una compañía a otra. El documento también identifica como participante minoritario recurrente a Gustavo María Giugale, consignado como empresario británico, dentro del sector agroalimentario y de distribución.
Bakim S.R.L. constituye otro brazo del mapa. Según el informe, perteneció originalmente a Spinelli y fue proveedora de alimentos durante la administración Garro. Posteriormente, el 90% del paquete societario fue cedido a Liliana Beatriz Cepero, madre de Formino y tía de Foresio, y a Diego Flores Valsecchi, esposo de E. A. Formino, identificado como gerente general y firmante de valores.
Juan Manuel Formino —también relacionado en el informe con Gastrober— y Joaquín Nicolás Hoz actuaron como gerentes. La investigación vuelve entonces sobre Nélida Cristina Formino, Agrícola El Triunfo Patagónico, los subsidios estatales y Abra Maestro, presentado en el expediente como un supuesto local fantasma. Y nuevamente reaparece el fútbol: más de $50 millones hacia Independiente Rivadavia y comprobantes por $29 millones en servicios hoteleros asociados a la investigación sobre Alvarado.
Otro capítulo introduce a Leonardo Scatturice, CEO de COC Global Enterprise y empresario vinculado en el informe con el control accionario de Flybondi y OCA. El documento sostiene que acordó con la conducción de Gimnasia un patrocinio por US$400.000. La nueva trama ya no pasa por proveedores de comida: pasa por aviación, correo, inteligencia privada y contratos nacionales.
El acuerdo, formalizado por la conducción encabezada por Anacleto, se extendería hasta febrero de 2027: OCA aportaría US$300.000 y Flybondi US$100.000 a cambio de presencia en la indumentaria oficial del club. El informe ubica las gestiones operativas en el vicepresidente institucional Guillermo Ezequiel Ibáñez y menciona como contexto político al ministro Federico Sturzenegger, hincha de Gimnasia y promotor del modelo de Sociedades Anónimas Deportivas (SAD).
El dossier describe simultáneamente una situación crítica de Flybondi, con flota reducida, cancelaciones que cifra cerca del 80% y deudas millonarias. El gobierno finalmente le prihibió seguir operando. También afirma que el grupo empresario buscaba concentrar el concurso de acreedores de la aerolínea con OCA y OCA Log para reestructurar pasivos.
El documento vincula a Scatturice con la ex-SIDE y recuerda su paso por C3 Consultings, compañía de inteligencia privada mencionada en el expediente Dark Star. También atribuye a empresas de su grupo —entre ellas Tactic Global— contratos con la SIDE, la ex-AFIP/ARCA y el Ministerio de Economía. El informe sostiene que esas contrataciones originaron denuncias por presunto tráfico de influencias y negociaciones incompatibles en Comodoro Py.
El documento identifica además a Miguel Mariano Tagliaferro, integrante de la Comisión Directiva de Gimnasia, y afirma que existen registros de vínculos contractuales y desempeño suyo en la ex-SIDE. Es otro apellido que el informe incorpora para sostener que las conexiones con el aparato de inteligencia no se limitan a patrocinadores externos, sino que alcanzan al entorno dirigencial.
Luego incorpora un antecedente familiar distinto que debe mantenerse separado de cualquier responsabilidad de Miguel: Marcelo Tagliaferro, su hermano, fue condenado por el Tribunal Oral Criminal N.º 4 de La Plata a siete años de prisión efectiva por falso testimonio agravado en el expediente del cuádruple crimen de La Loma. Según el fallo descripto, mintió para incriminar a Osvaldo “Alito” Martínez, quien permaneció 185 días privado de su libertad.
El tribunal determinó que Marcelo Tagliaferro había direccionado su testimonio buscando una recompensa estatal de $300.000, ocultando ese interés económico. Después del veredicto se ordenó su detención. Históricamente existieron sospechas acerca de la eventual intervención de sectores vinculados con inteligencia en el desvío de aquella investigación.
La investigación abre otro eje alrededor de Héctor Nieves, secretario de Finanzas de UPCN Seccional Buenos Aires y vocal de Estudiantes. Según el dossier, Nieves habría articulado la compra del palco 322 del estadio UNO de 1 y 57 por más de US$150.000, mediante una triangulación entre cuatro sociedades. Otra vez el palco aparece no como simple lujo futbolero, sino como activo dentro de una arquitectura financiera que el informe propone seguir.
Credymand S.A. habría aportado US$34.848. El documento la describe como financiera especializada en préstamos mediante códigos de descuento salarial para afiliados sindicales y con convenios con UPCN; menciona entre sus socias históricas a Ana Beatriz Toschi, viuda del dirigente sindical Fotios Cunturis. Promotora Social Vida S.A. habría aportado otros US$34.848 y aparece vinculada a Eduardo Fortunato Amirante.
Social Promotora S.A., presidida por Jorge Antonio Galitis, figura con otros US$34.848. Finalmente, Cinco Her S.R.L., de Gastón Andrés Medrano y Bernardo Ismael Medrano, aparece con el desembolso mayor: US$69.696. La suma de los cuatro movimientos detallados alcanza US$174.240.
Medrano reaparece con Urbaxa MyM S.A., inscripta el 27 de junio de 2025 con un capital de $30 millones. Su objeto incluye consultoría, desarrollos inmobiliarios, construcción, operaciones financieras, aportes de capital y préstamos. El informe interpreta esta sociedad como un potencial vehículo de liquidez paralelo al circuito Conti-Spinelli-Nieves y destaca que Medrano opera desde Manuel B. Gonnet, localidad que relaciona geográficamente con Conti y Domingo Musumeci.
El último mapa corporativo cruza el caribe financiero hacia Estados Unidos. El informe identifica dos LLC registradas en Florida. En FEFO GROUP LLC aparecen Juan Manuel Formino y Alberto Enrique Fenoglio. En SULTANA 2509 LLC figuran Silvia Majdalani y su esposo Jorge Olivero.
El documento concluye con una acusación extremadamente grave: sostiene que Gimnasia habría sido penetrado por un holding empresarial que utiliza el volumen económico del club y recursos de su área educativa dentro de una red relacionada con actores investigados por lavado y personas provenientes del universo de inteligencia. Esa es la tesis de informe.
Pero debajo de esa conclusión hay preguntas documentales perfectamente concretas. ¿Cómo se adjudicó FWD Zone el buffet y las viandas? ¿Qué antecedentes, solvencia, estructura, empleados y capacidad operativa se evaluaron? ¿Qué controles realizó la Comisión Directiva antes y después del cambio de administradores? ¿Cuál es el flujo completo de ingresos y egresos de los colegios? ¿Qué pasó con el aporte estatal del 60%? ¿Por qué, según el informe, hubo mora salarial y recortes mientras ingresaban subvenciones y cuotas? ¿Qué relación contractual tiene Gimnasia con cada una de las empresas y personas enumeradas?
Ahí está el corazón de esta investigación: no alcanza con mirar quién aparece en la camiseta; hay que seguir quién firma, quién cobra, quién administra y quién controla. Porque Gimnasia no es una sociedad comercial de sus dirigentes. Es una asociación civil de sus socios. Y frente a una trama de semejante volumen, la respuesta institucional más potente no debería ser el silencio: debería ser abrir contratos, concesiones, balances, licitaciones internas, movimientos de la caja educativa y criterios de selección de proveedores, para que cada afirmación pueda ser comprobada o refutada con documentos.
- El dossier consigna que FWD Zone nació con $17.720 de capital y que en enero de 2026 incorporó como administradores a Juan Manuel Formino y José María Spinelli.
- Formino y Spinelli aparecen relacionados en el documento con la causa que investiga una presunta estructura de más de 140 CUIT y movimientos por $2.200 millones.
- El sistema educativo recibió un aporte estatal del 60% en los cargos y módulos detallados por la Resolución RESOC-2025-5727, mientras el informe denuncia atrasos salariales y recortes.
- Conti y Olivero Majdalani aparecen conectados societariamente en múltiples compañías; algunas participaron de negocios con municipios y otros organismos públicos.
- Hollybar cotizó $864.778.900 en una licitación platense de alimentos y posteriormente recibió reconocimientos mediante legítimos abonos durante 2024.
- El dossier incorpora además la llegada de Leonardo Scatturice mediante un patrocinio OCA-Flybondi que cifra en US$400.000.
- También reconstruye una supuesta triangulación superior a US$150.000 alrededor de un palco de Estudiantes y cuatro sociedades relacionadas con el circuito Nieves-Medrano.
- Finalmente aparecen FEFO GROUP LLC y SULTANA 2509 LLC en Florida. Su existencia está incluida como conexión societaria internacional.