Acorralado por la falta de gestión y la inseguridad descontrolada, Jorge Macri apela al populismo punitivo para intentar mostrar autoridad en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El jefe de Gobierno envió a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires un megaproyecto de reforma del Código Contravencional que fija sanciones delirantes de hasta $58 millones de pesos para el comercio no autorizado.

La iniciativa transforma el derecho contravencional en un manotazo recaudatorio que criminaliza la subsistencia de miles de familias golpeadas por la recesión en Argentina. Macri persigue la venta callejera.

El paquete enviado por el Ejecutivo porteño desflora cualquier principio elemental de proporcionalidad de las penas. Quien maneje con alcohol en sangre enfrentará multas que saltan de $2,3 millones a más de $7 millones de pesos, además de arrestos de 30 días e inhabilitaciones de cuatro años.

Mientras las comisarías porteñas sufren fugas de presos semana tras semana, la respuesta del primo del expresidente es elevar los montos de la caja cobradora, dejando al descubierto que el orden urbano es un pretexto fiscal.

El show contra los trapitos para disimular la parálisis policial

El capítulo dedicado a los cuidacoches expone la demagogia del proyecto. En lugar de desarticular las mafias organizadas que regentean el estacionamiento con complicidad de las comisarías, Jorge Macri promete hasta 90 días de arresto para los "trapitos" reincidentes.

La medida busca alimentar títulos de impacto mediático mientras la Policía de la Ciudad carece de directivas operativas eficientes para prevenir el delito complejo. El primo de Mauricio prefiere perseguir al eslabón más débil antes que enfrentar las cajas negras del conurbano.

El Registro de Reincidentes y el ahogo a la juventud porteña

El articulado crea además un "Registro de Reincidentes" que duplica automáticamente las penalizaciones económicas al tercer hecho, eliminando las herramientas de mediación y composición judicial. La reforma impone un régimen especial para adolescentes de 14 a 17 años, al tiempo que incrementa a $700.000 pesos las multas por ruidos molestos. Incapaz de resolver la recolección de basura o el caos de tránsito, la gestión porteña aprieta el tornillo recaudatorio sobre un electorado saturado de tarifas e impuestos.

El mamarracho legislativo atenta contra el derecho de defensa y la doctrina del derecho penal mínimo. Para equiparar la venta ambulante con delitos de escala penal mayor, la conducción de Uspallata necesita edificar un Estado policíaco que persiga al mantero mientras condona los grandes negocios inmobiliarios. Sin los votos garantizados en el recinto porteño, la bancada oficialista deberá recurrir a la rosca más rancia para aprobar un texto que vulnera las garantías constitucionales más elementales.

El desenlace de esta avanzada autoritaria medirá el grado de sometimiento de los bloques aliados en el Parlamento comunal. Pretender resolver los dramas socioeconómicos del distrito a fuerza de multas impagables confirma que Jorge Macri carece de un plan de gobierno integral. La ciudadanía de la Capital Federal enfrenta una administración que combina el abandono de los servicios esenciales con un voraz apetito fiscal, donde la recaudación reemplaza a la política urbana.