El Departamento de Justicia de Estados Unidos y el FBI iniciaron en octubre de 2026 la toma de testimonios clave en Washington y Miami para reconstruir la trama financiera de la Asociación del Fútbol Argentino.

La investigación penal por presunto fraude y lavado de activos pone en la mira al presidente Claudio Tapia por haber canalizado cientos de millones de dólares de contratos internacionales a través de la banca norteamericana sin controles oficiales.

La lupa del espionaje financiero internacional recayó sobre la firma TourProdEnter LLC, propiedad del productor Javier Faroni y su esposa Erica Gillette. La sociedad actuó como agente exclusivo de cobro para contratos millonarios con marcas como Adidas y Warner, reteniendo comisiones del 30% que permitieron que la firma privada manejara US$260 millones en colosos bancarios como Citibank, Bank of America y JP Morgan.

Desvíos a cuentas raras y el nexo con el tesorero de Viamonte

La alerta roja de los sabuesos internacionales se encendió tras rastrear US$57 millones girados a empresas de dudosa procedencia en Buenos Aires y Bariloche. Los reportes bancarios revelaron que parte de los fondos terminaron en manos de supuestos testaferros que cobraban planes sociales, demostrando que las comisiones de la Selección circularon por laberintos financieros opacos para ocultar a los verdaderos beneficiarios de la maniobra.

La triangulación salpica de forma directa al tesorero de la entidad de la calle Viamonte, Pablo Toviggino, a partir de transferencias hacia las firmas SOMA SRL y Cabello SRL. En los pasillos del fútbol argentino afirman que el armado financiero expone la impunidad con la que operaba la cúpula directiva, mientras la justicia extranjera avanza sobre las cuentas utilizadas en territorio norteamericano.

La rosca dirigencial y la sombra de los tribunales de EE. UU.

Frente al avance del expediente en los tribunales estadounidenses, la dirigencia del fútbol local optó por abroquelarse para proteger sus sillones y el negocio corporativo. Ningún burocrata de la AFA promovió auditorías ni reclamos institucionales, confirmando que la lealtad a la caja pesó más que la transparencia ética ante el reclamo de los hinchas que exigen explicaciones por los millones desviados.

El horizonte judicial amenaza con derrumbar el armado político construido alrededor del predio de Ezeiza. La determinación de los fiscales federales de Estados Unidos presiona sobre las defensas locales, dejando en evidencia que las alianzas políticas nacionales no alcanzarán para frenar al FBI cuando se ejecuten los pedidos de extradición y los embargos preventivos sobre los fondos.