En los últimos días se dio a conocer un informe que reflejo sobre las licitaciones públicas aprobadas en la administración del intendente Fabián Cagliardi en Berisso sacó a la luz un patrón sistemático de desembolsos opacos: la tesorería municipal liquidó millones en anticipos a contratistas con cheques rechazados que congelaron los trabajos al poco tiempo.

El caso salpica las obras del Centro Municipal de Exposiciones y el Hospital Municipal, en paralelo a contrataciones del Servicio Alimentario Escolar (SAE) salpicadas por una usina de facturas truchas en la Justicia Federal.

La constructora favorita del municipio, Delta Constructora S.A. (del Grupo D'Amore), acumulaba deudas con ARBA en Categoría 4 y libramientos sin fondos en el Banco Central cuando recibió las adjudicaciones clave.

En el proyecto de la Ex-Hilandería (L.P. N° 41/2022), la comuna transfirió un adelanto de $29.660.597,78 y la empresa se retiró dejando un escaso 5,29% de avance, obligando a rescindir el contrato con una deuda de $12.991.341 en multas impagas por fondos no restituidos a las arcas locales.

Guardia del Hospital paralizada y la sospechosa caja del alimento escolar

El mismo modus operandi golpeó las reformas de la guardia, maternidad y pediatría del Hospital Municipal (L.P. N° 44/2022), licitadas por $99.950.000,00. La gestión de Cagliardi giró de inmediato un anticipo de $29.985.000,00 y la obra se frenó al alcanzar un insólito 7,66% de ejecución.

La situación forzó a la Contaduría municipal a bloquear liquidaciones posteriores porque la empresa no cumplió el piso del 20% de avance fijado en el pliego licitatorio.

La sombra de la corrupción sobre los fondos públicos se extiende al Servicio Alimentario Escolar tramitado bajo el Expediente N° 4012-4821/2021.

El Tribunal de Cuentas rechazó la rendición comunal por $15,99 millones entregados a la firma Bakim S.R.L. y $7,73 millones a Francop S.R.L., alertando que la comuna eludió la licitación pública exigida por la ley para canalizar contrataciones mediante compulsas privadas.

Facturas truchas, juzgados federales y el silencio de la municipalidad

La empresa Bakim S.R.L. quedó en el centro de un expediente penal en el Juzgado Federal N° 3 de La Plata, a cargo del juez Ernesto Kreplak. Las pericias de la AFIP y las actuaciones judiciales confirmaron que la proveedora de la municipalidad operaba como una usina de lavado de dinero que colocó más de $2.200 millones mediante 13.000 cheques truchos, demostrando que la tesorería comunal alimentó a una red de evasión fiscal diseñada por la contadora Natalia Foresio.

Mientras el fuero federal dictó procesamientos y embargos récord por $50.000 millones contra los referentes José María Spinelli y Juan Manuel Formino, los funcionarios municipales que autorizaron los cheques permanecen indemnes.

En los pasillos de Berisso exigen explicaciones urgentes a la jefatura comunal, advirtiendo que las irregularidades con el dinero de las escuelas acorralan la gestión del intendente Fabián Cagliardi ante los organismos de fiscalización.