El servicio de justicia en la República Argentina enfrenta un parate estructural que compromete el funcionamiento de los tribunales. Informes oficiales confirmaron que la Justicia nacional y federal acumula 298 cargos de jueces vacantes, un desfasaje institucional que repercute directamente sobre miles de expedientes en trámite.

La parálisis se distribuye en todas las instancias del proceso de designación: el Consejo de la Magistratura mantiene 191 puestos en fase de concurso, el Poder Ejecutivo conducido por el presidente Javier Milei retiene 77 ternas aprobadas sin enviar los pliegos, y el Senado de la Nación conserva 30 designaciones sin tratamiento parlamentario. Hay casi 300 despachos sin juez titular.

El agujero institucional obliga a que decenas de juzgados funcionen apelando a jueces subrogantes, una herramienta paliativa que degrada la estabilidad que exige la administración de la Ley. Frente a este panorama, el titular del Consejo de la Magistratura y presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti, junto a la titular de la Comisión de Selección, María Fernanda Vázquez, convocaron a sesiones extraordinarias antes de la fecha límite del 22 de octubre.

La urgencia radica en abrochar la mayor cantidad de ternas antes del recambio de consejeros previsto para noviembre. Rosatti apura los concursos a contrarreloj.

El cuello de botella en el despacho de Milei y las tramas del Senado

El rol de la Casa Rosada resulta determinante para comprender el atasco. Pese a que el Poder Ejecutivo recibió 77 ternas auditadas por el estamento de abogados, jueces y académicos, la firma de los decretos de remisión a la Cámara alta permanece suspendida en Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Aunque a inicios de septiembre Milei formalizó 63 nombramientos que ya contaban con acuerdo previo del Congreso, el flujo de pliegos enviados desde el Ministerio de Justicia no alcanza a cubrir la tasa de vacantes generadas por jubilaciones o renuncias. El Ejecutivo cajonea 77 carpetas completas.

Subrogancias eternas, sobrecarga de trabajo y la rosca de noviembre

En la Cámara alta, los 30 pliegos en comisión tampoco registran avances significativos debido a las fricciones entre el bloque oficialista de La Libertad Avanza y las bancadas opositoras. La dispersión de la rosca legislativa perjudica a los fueros penales, civiles y laborales de la Provincia de Buenos Aires y el interior. La rotación de consejeros en noviembre —que modificará los bloques de representación en el Consejo— agrega tensión a la negociación, amenazando con paralizar las evaluaciones durante el cierre de año. El Senado no junta quórum para votar los pliegos.

La falta de magistrados titulares resiente la agilidad en la resolución de causas por narcotráfico, corrupción y demandas del derecho de familia. Exigir la cobertura de las vacantes mediante procedimientos transparentes es un mandato de la Constitución Nacional para garantizar la independencia del Poder Judicial.

El estancamiento prolongado de los expedientes erosiona la confianza de la ciudadanía en la capacidad del Estado para brindar certezas jurídicas, dejando los tribunales en manos de la precariedad.

El desenlace de las reuniones plenarias previas al recambio institucional determinará cuántas ternas logran superar el tamiz del Consejo. Si el Gobierno nacional y las bancadas del Senado no destraban la firma de los pliegos retenidos, la Justicia argentina comenzará el próximo período judicial golpeada por una acefalía récord.

Transparentar el circuito administrativo e imponer plazos estrictos de resolución resulta indispensable para que los 298 juzgados acéfalos vuelvan a tener autoridades titulares.