El proceso electoral para definir la representación de la abogacía en el Consejo de la Magistratura de la Nación ingresó en una fase de extrema tensión institucional. A menos de 24 horas de la apertura de mesas fijada para este martes 20 de octubre de 2026, una serie de denuncias sobre la adulteración de los padrones dejó contra las cuerdas a la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA).
Se constató la inclusión irregular de más de 400 funcionarios y magistrados judiciales de la Provincia de Buenos Aires que poseen la matrícula suspendida por incompatibilidad, de los cuales más de 100 corresponden al Departamento Judicial La Plata. Hay más de 400 funcionarios judiciales colados en el padrón.
La anomalía —que salpica también a las nóminas de San Juan y Neuquén— cobró dimensión de escándalo por la respuesta ofrecida por las autoridades de la Junta Electoral de FACA. Pese a que el período de impugnaciones venció formalmente el 31 de agosto, los apoderados de las listas competidoras fueron informados de que los funcionarios inhabilitados podrán emitir su sufragio igual y que la validez de los votos recién será evaluada en la etapa del escrutinio definitivo.
La insólita doctrina de "votar primero y revisar después" pone en jaque la transparencia de los comicios que convocan a 184.000 profesionales habilitados en Argentina.

El peso de la capital bonaerense resulta determinante en la contienda. El Colegio de Abogados de La Plata (CALP) opera como epicentro de la maniobra, concentrando una cuarta parte de los casos objetados en territorio bonaerense.
La inclusión de funcionarios que ejercen la función pública contraviene las reglas fijadas para la matrícula federal activa, en una elección donde se juegan cuatro sillas titulares clave para el armado de ternas de jueces, el manejo de la caja presupuestaria del Poder Judicial y el trámite de juicios políticos de remoción contra magistrados. La Plata concentra más de 100 casos de padrones adulterados.
La contienda refleja una polarización política sin precedentes dentro del foro. El oficialismo nacional juega fuerte detrás de la Lista 2 (Abogacía por la Libertad) encabezada por el concejal de Vicente López, Luis Alberto Palomino, apadrinado por el armador libertario Sebastián Pareja. La Lista 3 (Unidad en Defensa de la Abogacía) lleva al radical Alberto Biglieri con la estructura de Daniel Angelici, Ricardo Gil Lavedra y la red de gobernadores de la UCR.
En tanto, el peronismo llega dividido entre la Lista 4 de Itatí Demarchi Arballo (sostenida por Juan Manuel Olmos y Mariano Recalde) y la Lista 1 que lidera el platense Fernando Pablo Levene, apoyado por Diego Molea, Maximiliano Abad y Martín Llaryora. Las cuatro listas se juegan el control de la Magistratura.
Permitir que profesionales con incompatibilidad de ejercicio participen en la definición del organismo encargado de evaluar la conducta de los jueces erosiona de origen la legitimidad de las autoridades que resulten electas. La Junta Electoral de la FACA tiene la obligación de sanear de inmediato las nóminas de votación y garantizar fiscalizaciones estrictas en cada una de las 96 mesas del país.
Resolver la acefalía o las arbitrariedades en la Magistratura exige que quienes pisen el cuarto oscuro lo hagan en estricto cumplimiento de la ley, impidiendo que las trampas de padrón empañen la institucionalidad judicial.