En Estrasburgo, se aprobó un informe sobre la prostitución con 234 votos a favor, 175 en contra y 122 abstenciones. El informe plantea la idea de despenalizar a quienes venden servicios sexuales y penalizar a los clientes y proxenetas. La eurodiputada encargada del informe, Maria Noichl, sostiene que la prostitución es una forma de violencia contra las mujeres y aboga por reducir la demanda.

El objetivo de esta propuesta es abordar las implicaciones transfronterizas de la prostitución, incluida la trata de personas con fines de explotación sexual. Ex trabajadoras sexuales han expresado su apoyo a esta legislación, argumentando que se trata de proteger la dignidad y la igualdad de las mujeres.

Sin embargo, la Coalición Europea por los Derechos y la Inclusión de las Trabajadoras del Sexo critica el informe, argumentando que criminalizar a los clientes puede aumentar la clandestinidad y la violencia. Algunos eurodiputados también defienden que no todo el trabajo sexual es victimizante y abogan por medidas legislativas más específicas para proteger a las personas afectadas por la explotación sexual.

Es importante destacar que varias agencias de la ONU y organizaciones de derechos humanos, como la OMS, Amnistía Internacional y Human Rights Watch, se oponen a la penalización de la compra de servicios sexuales. Además, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos está revisando una demanda presentada por profesionales del sexo contra una ley similar en Francia aprobada en 2016.