La sesión en la Cámara de Diputados para abordar la nueva Ley de Bases inició con un enfrentamiento entre legisladores del oficialismo y la oposición, generando un escándalo apenas pasadas las 12:20 horas.

La discusión se centró en el formato del debate, que la mayoría del cuerpo había acordado previamente en Labor Parlamentaria: realizar la discusión sin interrupciones y por capítulos, en lugar de hacerlo artículo por artículo.

Durante la intervención del diputado radical Rodrigo De Loredo, se escucharon intercambios acalorados entre los presentes, con expresiones como "ridícula" o "calmate" resonando en el recinto. Incluso, una legisladora sugirió que otra diputada necesitaba "un rivotril, porque está sacada", refiriéndose a Ana Carolina Gaillard.

La discusión se intensificó cuando una legisladora del Frente de Todos enfatizó que el reglamento permite debatir artículo por artículo ante la solicitud de un diputado, apuntando al presidente de la Cámara Baja, Martín Menem.

Esta crítica fue compartida por otros legisladores, como Agustina Propato y el titular de la bancada de Unión por la Patria, Germán Martínez, quienes plantearon que el inicio de la sesión no fue auspicioso.

En esta sesión, el oficialismo busca obtener la media sanción para la ley de Bases y el paquete fiscal. Ambas iniciativas cuentan con dictamen de comisión y respaldo parlamentario para avanzar al Senado, siendo esta la segunda vez que se intenta aprobar la ley ómnibus en la cámara baja.

El proyecto de ley ha experimentado cambios significativos desde su presentación inicial, incorporando ajustes tras negociaciones con gobernadores y modificaciones en aspectos laborales y fiscales.

Entre los puntos destacados, se contempla la creación de la Prestación de Retiro Proporcional para quienes alcanzaron la edad de jubilación pero no completaron los años de aportes necesarios.

Además, se han discutido en comisiones modificaciones laborales, como la extensión del período de prueba y la implementación de un fondo de cese laboral optativo.

Se ha eliminado del texto original del proyecto el artículo que penalizaba el bloqueo de empresas en el contexto de negociaciones salariales, atendiendo a las preocupaciones planteadas por sindicatos y legisladores.