"Créeme que si yo pudiera tener --y esto te lo voy a desmentir en cualquier parte--, si yo pudiera tener una Gestapo, una fuerza de embestida para terminar con todos los gremios, lo haría". Esas son palabras de Marcelo Villegas, ministro de Trabajo de la exgobernadora de la Provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal. Las pronunció el 15 de junio de 2017 en una reunión en una sede del Banco Provincia , frente a empresarios de la construcción y acompañado del exministro de Infraestructura provincial, Roberto Gigante; de Adrián Grassi, ex subsecretario de Justicia de PBA; de Juan Pablo Allan, senador provincial y del intendente de La Plata, Julio Garro. Allí los funcionarios macristas garantizaban y aseguraban a los empresarios que tenían una estrategia coordinada con el Poder Judicial y avalada por "nación y provincia" para impulsar una investigación en la que se logre el enjuiciamiento de diversas personas vinculadas a la práctica sindical centralizada en la actividad de la construcción. Esta información fue hallada por la AFI en videos grabados durante el encuentro y forma parte de una denuncia que presentará hoy la interventora del organismo, Cristina Caamaño, ante la justicia federal de La Plata, para que el juez realice una investigación por presunta comisión de un grave delito de acción pública.
En la reunión, de la que además participaron Marcelo Jaworski, Director General de COPETRO; Fabián Cusini, constructor y organizador inmobiliario, presidente de AGRINECO; Fernando Sacrachi, Director de ACIP; Guillermo Moretto, Presidente del Colegio de Arquitectos de La Plata, tres personas que no pudieron ser indentificadas y otras tres solo mencionadas con el nombre de pila, el entonces ministro de Trabajo bonaerense también explicó que el plan no era solo ir contra los sindicatos, sino también contra los trabajadores públicos: "las leyes son las leyes, tengo que modificar la ley 10.430, sacarles estabilidad a los empleados públicos de la provincia, cosa que por ahí dentro de 100 años un nieto mío lo vea", pregonó. Los videos fueron encontrados por la AFI en un disco rígido, mientras realizaban tareas de mantenimiento. Aún no se sabe quién los grabó y con qué objetivo.
El mecanismo que Cambiemos tenía acordado con los empresarios y con el Poder Judicial para atacar a los sindicatos y quitarles derechos a los trabajadores estaba planificado al detalle. En un principio el modus operandi consistía en que las propias empresas generaran tensión con los trabajadores, por ejemplo, quitándoles las viandas, para que el sindicato paralice las obras.
De allí se desplegaba una doble estrategia: primero los empresarios se dirigían al Ministerio de Trabajo al que llevaban notas previamente convenidas, que entregaban en mano a Villegas --tomaban el recaudo de no dejarlas en la mesa de entrada-- y luego al Poder Judicial, donde presentaban la denuncia con las palabras "clave" que los funcionarios les decían que incorporen, como "extorsión" y "amenaza". "Las notas me las puedan hacer llegar a nombre mío, personal, confidencial, en mano. Avenida 7, las recibe Diego Visilio", les indicaba el exministro de Trabajo. Una vez que la causa se abría, el Juez pedía al ministro pruebas y él aportaba todas las notas. Esas operaciones estaban acordadas previamente con la pata judicial.
El propio Villegas fue el encargado de explicarlo en el encuentro. "Hemos tomado la decisión como gobierno --cuando digo gobierno, digo nacional, provincial y municipal-- de comenzar a resolver de forma definitiva la problemática que tenemos en materia de relaciones con la UOCRA", dijo y detalló "el esquema es el siguiente: necesitamos preconstituir una serie de elementos para impulsar una causa judicial. Esa causa judicial se impulsa desde el punto de vista de lo laboral o, más que laboral, desde el punto de vista de las amenazas y todas palabretas. Se impulsa con los testimonios de unas diez personas, que nosotros ya estamos trabajando sobre ellos. Con las presentaciones que ustedes nos hagan como instituciones se le da volumen a una instancia judicial a partir de la cual la fiscal con todo el soporte de la Procuración General tiene que instar medidas para generar más volumen y el juez aprobar esas medidas".
El exministro aclaró que "hemos chequeado con la Procuración, Fiscalía y con el juez que eso va a funcionar". Luego subrayó que "hemos tenido el recaudo de tomar como primera medida asegurarnos la cuestión judicial. No estaríamos a este nivel hablando con ustedes como mínimo dos ministros, un vice ministro de Justicia, un senador del gobierno Nacional si no tuviésemos asegurado la cuestión judicial".
Tres meses después de esa reunión, el 27 de septiembre, el titular de la Uocra en La Plata, Juan Pablo "Pata" Medina, fue apresado. En esa ocasión las cámaras empresarias salieron públicamente a festejar lo sucedido. También lo celebró la exgobernadora, María Eugenia Vidal, y el expresidente Mauricio Macri. En sus declaraciones, utilizaron la misma terminología que la que se mencionó en el encuentro: "lo que pasó en La Plata no es un accidente, es parte central por lo que estamos batallando, de los valores que necesitamos instalar en la Argentina. En la Argentina del futuro todos tenemos que trabajar dentro de la ley", había dicho Macri.
Vidal, en tanto, había asegurado que "la amenaza no es el camino, hoy no hay lugar para el apriete; no vamos a convivir con eso, hay una Justicia que no está dispuesta a convivir con eso". La entonces gobernadora resaltó el rol que jugó el Poder Judicial y lo felicitó por su accionar en la detención del secretario general de la UOCRA:
h1>De los dos lados del mostradorHay que reconocer el trabajo de la Justicia es este caso. No hay más lugar para las mafias, para la extorsión, en la Provincia
Los empresarios de la construcción de La Plata, según supo este diario, estaban molestos por diversas cuestiones. Se quejaban de un plus que cobraban los trabajadores del sector, por las viandas que recibían, por los "camping" que tenían los sindicatos y por una serie de medidas que tomaban los gremios relacionadas a cuestiones de género, entre otras. Los funcionarios de Cambiemos les prometían que lo iban a solucionar. Garro, por ejemplo, dijo: "hemos estado en el 2016, 2015, 14, 13, en 400 millones de asados, comidas y de lo único que se hablaba era de esto. ¿Quién va a hacer algo alguna vez? Bueno. Lo estamos haciendo". Convencido, agregó que "si nosotros no aprovechamos esto ahora es lo peor que puede pasar. En 50, 60 años más no se va a solucionar. El destino, el futuro, nos puso en este lugar. Necesitamos trabajar muy coordinadamente para poner la cara y avanzar garantizándoles, dando la contención que van a necesitar y que nosotros mismos vamos a necesitar". Para rematar, subrayó sobre el sentido de la reunión que "hay que hablar claramente con la bala arriba de la mesa y contar lo que nos pasa".
Los colaboradores de Garro puntualizaron que "en más de una oportunidad a Julio le tocó ver a tipos llorando que tenían las obras paradas y se estaban por fundir por no poder conciliar con la UOCRA. Se reunió con ellos en calidad institucional, de intendente". Ante la pregunta sobre los acuerdos con el Poder Judicial, explicaron que "eso en boca de Julio no está y nunca lo va a plantear en esos términos. Él defiende las instituciones y si se tiene que presentar a la Justicia, estará a disposición. No se hizo nada malo, o por lo menos él. Si después el ministro dijo lo que dijo, que se haga responsable". Villegas, en tanto, fue consultado por este diario, pero no hubo respuesta.
El exministro de Trabajo bonaerense es un abogado laboralista con vasta trayectoria en el sector privado. Su currículum, al igual que el de muchos funcionarios PRO, muestra que trabajó en puestos directivos de diversas empresas --las mismas que siendo ministro debía controlar-- y también tiene en su historial una imputación por evasión. Se desempeñó como gerente de RRHH en el grupo Pérez Companc, ocupó cargos directivos en varias empresas del grupo Suez, fue vicepresidente Ejecutivo de Ondeo Services Inc. en Puerto Rico y ocupó cargos directivos en el grupo Cencosud y Wall Mart Stores. Antes de desembarcar en PBA, fue director de Capital humano del Grupo Telecom Argentina. En 2001, cuando Villegas integraba junto a su socio la empresa Protel Servicios S.A, del rubro de la comunicación, declararon la quiebra y fue imputado por evasión impositiva. Posteriormente fue sobreseído, pero no por ser inocente, sino porque la suma evadida era menor a la que constituía delito. Fuentes: visionpolitica.info y pagina12.com.ar
