Las principales distribuidoras eléctricas del Área Metropolitana de Buenos Aires, Edenor y Edesur, han presentado ambiciosos planes de inversión con el objetivo de disminuir significativamente la duración y frecuencia de los cortes de luz en la región. Estas iniciativas se enmarcan en la Revisión Quinquenal Tarifaria (RQT) que se definirá en la audiencia pública del 27 de febrero, y que establecerá un nuevo esquema tarifario a partir de abril.

Edenor, controlada por Energía del Cono Sur, propiedad de José Luis Manzano, Daniel Vila y Mauricio Filiberti, planea invertir US$ 1.275 millones entre 2025 y 2029. Por su parte, Edesur, perteneciente a la italiana Enel, destinará US$ 875 millones en el mismo período. El objetivo es que, al finalizar el quinquenio, los cortes de suministro se reduzcan entre un 40% y 50%, dependiendo de la zona.

Este retorno a la normalización tarifaria también implica el fin de una etapa de congelamiento de precios que comenzó en 2019, tras la interrupción de la Revisión Tarifaria Integral (RTI) implementada durante la gestión de Mauricio Macri. Con los nuevos ajustes, las empresas contarán con incrementos periódicos de ingresos y podrán acceder a financiamiento en mejores condiciones. Sin embargo, el Gobierno ha establecido que el aumento inicial en abril no superará el 9,9% por encima de la inflación, posiblemente aplicándose en dos o tres etapas.

Uno de los puntos de mayor tensión en las negociaciones es la disputa sobre los denominados "activos regulatorios" y "pasivos regulatorios". Las distribuidoras afirman que el Estado no cumplió con la revisión tarifaria anterior, lo que habría generado una deuda superior a US$ 3.000 millones. Por otro lado, el Gobierno busca regularizar las deudas de las empresas con Cammesa, que en el caso de Edenor y Edesur suman US$ 450 millones.

Además, el Gobierno ha fijado una tasa de rentabilidad sobre activos del 6,22% anual después de impuestos para las distribuidoras, mientras que las empresas privadas exigen que este porcentaje supere el 8%, argumentando que el riesgo país y la volatilidad económica justifican una mayor rentabilidad. Este será otro eje de tensión en las próximas negociaciones.

La audiencia del 27 de febrero será clave para definir el futuro del sector eléctrico en el AMBA, en un contexto de aumentos controlados y presión de las empresas para obtener mejores condiciones financieras.