Las multas de tránsito en La Plata y la provincia de Buenos Aires acaban de sufrir un incremento que, aunque moderado en porcentaje, demuestra una vez más la desconexión entre el gobierno provincial y la realidad económica de los ciudadanos.

El ajuste de un 3,72% en el valor de la Unidad Fija (UF) que rige el monto de todas las infracciones, entra en vigencia de manera retroactiva, es decir, desde el pasado 1° de marzo.

Este nuevo aumento, justificado bajo la excusa de la suba de los combustibles, no hace más que exponer la insensibilidad del gobierno frente a los desafíos que enfrentan los ciudadanos, especialmente en un contexto de inflación y recesión económica.

La vinculación directa de la UF con el costo de un litro de nafta, que aumenta de forma periódica, nos lleva a una conclusión bastante clara: las multas de tránsito ya no son simplemente una medida correctiva, sino una nueva fuente de recaudación para un gobierno que, en lugar de buscar soluciones efectivas para los problemas viales, parece empeñado en aplicar ajustes que afectan a los conductores comunes.

Aunque el incremento del 3,72% no parece ser un monto exorbitante de manera individual, el impacto en la vida diaria de los conductores es otro. Con multas que pueden ascender a cifras cercanas al millón y medio de pesos, la provincia de Buenos Aires vuelve a demostrar que prefiere apostar por punitivas antes de invertir en infraestructura, educación vial o políticas de prevención de accidentes.

El aumento se da en un contexto alarmante: en enero y febrero, la cantidad de accidentes con víctimas fatales creció un 50% en la región, lo que resalta la urgente necesidad de reales que aborden las causas de los accidentes de tránsito y no solo los efectos.

Es importante señalar que, al elevar el valor de las infracciones de manera retroactiva, el gobierno no solo incrementa el costo para los infractores, sino que crea un efecto adverso en la percepción pública. Si bien las multas de tránsito tienen la intención de generar un comportamiento responsable en los conductores, el uso de estas como una herramienta para aumentar la recaudación en tiempos de crisis solo contribuye a generar desconfianza en las políticas públicas.

El aumento se suma a las subas de enero, que ya habían incrementado las multas un 4,6%, lo que indica que la tendencia de aplicar ajustes en función de la suba de los combustibles no es una medida aislada.

Es hora de que el Ministerio de Transporte y las autoridades provinciales reconsideren su enfoque hacia las multas de tránsito. Si bien estas son necesarias para garantizar la seguridad vial, deben estar acompañadas de políticas públicas que prioricen la prevención, la educación y la inversión en infraestructura, en lugar de convertirlas en un mecanismo recaudatorio disfrazado de justicia. La comunidad merece soluciones reales, no una nueva carga económica que agrava la ya difícil situación financiera de muchos.