Los empleados estatales nacionales se encuentran en vilo a medida que se acerca el 31 de diciembre, fecha en la que caducarán alrededor de 50.000 contratos. Con la promesa de ajustes y recortes, el Gobierno de Javier Milei no ha dado señales claras sobre el futuro laboral de los trabajadores públicos.

El Presidente, que ya había anticipado un recorte de 75.000 empleados, profundizó la incertidumbre tras los despidos masivos en diversas áreas del Estado, como el Ministerio de Justicia, Trenes Argentinos y la ex AFIP. A raíz de esto, los gremios estatales, como ATE y UPCN, intensificaron sus reclamos exigiendo la renovación automática de los contratos y una recomposición salarial urgente para enfrentar la pérdida de poder adquisitivo.

Desde ATE, su secretario general Rodolfo Aguiar advirtió que, si no se obtiene una respuesta favorable, podrían convocar a un paro sectorial en enero. La falta de certezas sobre la continuidad laboral en un contexto de ajuste económico está generando una fuerte preocupación en el sector, que pide abrir un canal de diálogo para evitar más despidos y garantizar estabilidad en el empleo público.

Este escenario resalta la falta de un plan claro por parte del Gobierno para manejar las consecuencias del ajuste y cómo este podría afectar a miles de trabajadores estatales.