Este jueves, el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado aprobó el "Reglamento para la Evaluación General de Conocimientos y Competencias", una medida que establece un examen obligatorio para los empleados públicos transitorios y contratados. La primera etapa se llevará a cabo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), incluyendo La Plata, y se implementará a partir de la próxima semana.

A través de esta resolución, la gestión de Maximiliano Fariña busca estandarizar los conocimientos y competencias de aquellos que ocupan cargos en la Administración Pública Nacional. La prueba, que abarca unos 40 mil empleados, se realizará de manera presencial y digital. Quienes aprueben el examen recibirán un certificado que les permitirá continuar en sus puestos, mientras que aquellos que no lo superen deberán abandonar la función pública.

Este cambio, aunque anunciado como una modernización del sistema, no ha sido bien recibido por los sindicatos. ATE ya ha convocado a un paro para el día de su implementación, lo que evidencia el malestar de los trabajadores ante lo que consideran una medida punitiva que no toma en cuenta las condiciones particulares de cada empleado.

A pesar de las críticas, la normativa avanza con el apoyo del gobierno, que la justifica como una herramienta necesaria para mejorar la eficiencia del sector público. Sin embargo, es necesario preguntarse: ¿estamos ante una reforma realmente transformadora o simplemente ante un ajuste de cuentas con un sector clave de la política y la economía argentina?