La problemática de las denuncias falsas en torno a la violencia de género ha suscitado debates y opiniones controvertidas. Desde la implementación de medidas de protección hacia las mujeres -medidas que, por supuesto, eran necesarias y urgentes- se ha registrado un aumento en las denuncias infundadas.

Un porcentaje de mujeres ha utilizado estas herramientas legales como instrumentos de venganza y extorsión, obstaculizando el vínculo entre padres e hijos.

El Código Penal Argentino, en su artículo 245, establece que realizar una denuncia falsa puede conllevar de 2 meses hasta 1 año de prisión o multa. Sin embargo, estas sanciones resultan insuficientes para desalentar este tipo de conductas.

Algunas mujeres con intenciones maliciosas han comenzado a utilizar las medidas de protección -destinadas originalmente a resguardar a quienes verdaderamente sufren violencia- con el objetivo de dañar al otro progenitor, impidiéndole el contacto con sus hijos. Esta conducta, además de cruel, no contempla el profundo perjuicio psicológico que sufren los menores en estas situaciones.

Uno de los casos más resonantes en nuestro país es el de Herman Krause, un padre denunciado por su expareja por presuntos hechos de violencia y abuso sexual hacia sus hijos. La causa fue archivada por la fiscal Ana Medina, de la UFI N.º 1 de La Plata, al comprobarse que la denuncia carecía de pruebas. Se concluyó, entonces, que se trataba de una denuncia falsa.

Inmediatamente, se ordenó la revinculación de los menores con su padre. Sin embargo, la madre de los niños -de nacionalidad brasileña- se los llevó ilegalmente a su país. Días después, Krause se enteró de la maniobra y realizó la denuncia correspondiente, lo que activó las alertas de Interpol. Al día de hoy, Herman sigue esperando una respuesta por parte de la justicia, sin avances concretos.

Así, no solo Krause fue víctima de una falsa denuncia que dañó su reputación, sino que también fue separado de sus hijos con total crueldad. Este caso no solo vulnera los derechos del padre, sino también -y sobre todo- los derechos de los niños, quienes resultan gravemente afectados en su salud emocional.

Otro caso mediático que ha captado la atención pública es el de la señora W y el señor M, quienes protagonizan una guerra judicial y mediática. Sin embargo, nadie parece ocuparse del bienestar emocional de las menores, quienes son utilizadas como objeto de venganza y extorsión, en un claro ejemplo de alienación parental.

Desde nuestro equipo, hemos presentado un escrito solicitando que este tipo de situaciones se traten con extrema urgencia, para identificar rápidamente las denuncias falsas que vulneran los derechos del niño. Asimismo, pedimos que no se interrumpa el vínculo entre padres e hijos, salvo en aquellos casos en los que exista un riesgo real y comprobado para la integridad del menor. En estos casos, los encuentros pueden ser supervisados y controlados por profesionales capacitados en la materia.

Por último, entendemos que antes de la primera marcha de "Ni Una Menos" las mujeres sufrían una profunda desigualdad en relación con los varones. Sin embargo, a diez años de aquel hito, observamos cómo muchos hombres atraviesan hoy una nueva forma de desigualdad: no pueden ver a sus hijos debido a falsas denuncias impulsadas por mujeres inescrupulosas. Estas mujeres, amparadas en un sistema que no siempre investiga con rigor, gozan de privilegios que deben ser revisados.

Es momento de reclamar una justicia verdaderamente equitativa e igualitaria, sin distinción de sexos.

Por: Mimi Dominici
Comunicadora Pública y Política (UNLP)