Las sirenas rompen la habitual sinfonía de motores dentro del mítico trazado platense, pero esta vez no son ambulancias deportivas. En estos precisos instantes, un pesado contingente de la Policía Federal Argentina bloquea todos los accesos del Autódromo Roberto Mouras. El hermetismo resulta total entre los mecánicos que deambulan nerviosos por la zona de boxes al ver ingresar a los sabuesos nacionales.

La orden habría bajado directo desde tribunales federales, dejando completamente afuera a las fuerzas provinciales por obvias razones de profunda desconfianza. Cualquier incursión judicial de semejante magnitud dentro de estas instalaciones representa un golpe letal al riñón de la Asociación Corredores de Turismo Carretera. No estamos ante un simple control de rutina para verificar autopartes o revisar patentes apócrifas en el conurbano profundo.

El apuntado principal de esta embestida es Hugo Mazzacane, el histórico mandamás de la ACTC que maneja la categoría como su estancia privada. Este cuestionado dirigente, considerado el "Chiqui Tapia" de las pistas, afronta un brutal embargo de 4.000 millones de pesos por presunta evasión impositiva sistemática. La requisa buscaría documentación sensible que termine de comprometer a esta familia sospechada de lavado y extrema corrupción estructural.

Evasión, abusos y el amparo del gobernador

En el submundo del automovilismo conviven economías informales que mueven fortunas incalculables sin tributar un solo centavo al Estado. Los archivos de PrimeraPágina.info ya habían revelado múltiples pedidos de expulsión contra este clan por inconductas morales y encubrimiento de abusos intolerables. Cuando la magistratura federal decide patear estas puertas violentamente, busca llevarse puestos a quienes administraron tamaña impunidad durante décadas.

Las miradas acusadoras giran inexorablemente hacia la sede de la gobernación bonaerense, ubicada a escasos kilómetros del allanamiento. Axel Kicillof cultivó una peligrosa connivencia con los "dueños" del predio, garantizando un paraguas protector que hoy termina de romperse en mil pedazos. ¿Por qué el máximo mandatario provincial prefirió mirar hacia otro lado mientras las mafias asfálticas hacían negocios espurios en sus propias narices?

Semejante nivel de promiscuidad institucional dejó a la administración kicillofista atada al oscuro destino judicial de estos empresarios deportivos. La absoluta inacción del Ejecutivo bonaerense ante las denuncias previas por negligencia criminal y desmanejos financieros lo convierte en un cómplice tácito de este feudo intocable. Ahora deberá explicarle a sus votantes por qué permitió que una cueva de irregularidades operara libremente dentro de su territorio.

Mientras los efectivos nacionales continúan revolviendo cajas fuertes y verificando balances adulterados, la vieja política toma debida nota del sacudón. "Ningún pacto de silencio sobrevive cuando las investigaciones penales cruzan el peaje de Hudson", ironizan sagazmente desde los despachos judiciales capitalinos. El caso demuestra que el modelo de aprietes, facturas apócrifas y dinero negro tiene sus días contados bajo el implacable escrutinio federal.

Lo que tenés que saber sobre el escándalo en la ACTC

• La Policía Federal Argentina allanó sorpresivamente el autódromo platense por orden de la justicia nacional.

• El clan de Hugo Mazzacane enfrenta embargos por 4.000 millones de pesos debido a fraude y evasión fiscal.

• Investigaciones previas ya habían denunciado al presidente de la categoría por encubrir abusos y negligencias.

• El gobernador bonaerense queda expuesto por su prolongado silencio y connivencia con la cúpula automovilística.