El gobierno de Javier Milei avanza en octubre de 2026 con el remate acelerado de empresas públicas y activos estratégicos del Estado, desatando una tormenta judicial por la opacidad de los expedientes.

El ministro de Economía Luis Caputo y el titular de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, Diego Chaher, enfrentan duras acusaciones por licitaciones armadas a medida para un grupo reducido de empresarios que se reparten AySA, la Hidrovía, Transener y las rutas nacionales.

La privatización del 90% de AySA dejó al descubierto las maniobras de la entrega masiva en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Con ofertas por USD 340,2 millones presentadas por consorcios vinculados a Mauricio Filiberti y la familia de Walter Román, en los pasillos de CABA denuncian que las cotizaciones oficiales fueron ocultadas a la Comisión Bicameral para evitar que la sociedad conozca el valor real del patrimonio público.

Aportes de campaña, la Hidrovía y la caja de las represas

La repetición de nombres salpica a la familia Román, cuyas empresas aportaron $40 millones a la campaña de La Libertad Avanza en 2025 mientras negociaban áreas en la Hidrovía.

En la Casa Rosada desestiman las sospechas, pero la presencia del asesor Santiago Caputo en la confección de los pliegos confirmó que el entramado de contrataciones favorece a los aportantes privados que financiaron la estructura oficialista para quedarse con las concesiones clave de las exportaciones.

El botín energético incluye las represas del Comahue y la red de alta tensión Transener, con operaciones que superan los USD 1.081 millones en beneficio del grupo Neuss. Las denuncias llevadas a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas señalan que las resoluciones oficiales declararon secretas las valuaciones del BICE, impidiendo que el Congreso audite si las represas hidroeléctricas fueron entregadas a precio de remate para saldar vencimientos financieros.

Peajes a medida, causas penales y la sombra del desfalco

El negocio se extiende a las rutas nacionales mediante esquemas viales otorgados a la firma Covicen, vinculada a familiares del exsecretario de Transporte Franco Mogetta. Mientras los tribunales federales investigan querellas por abuso de autoridad e incumplimiento de deberes contra Diego Chaher, los legisladores opositores exigen frenar la entrega de activos estratégicos como Belgrano Cargas, Nucleoeléctrica e Intercargo sin el correspondiente aval legislativo.

El plan oficial de desmantelamiento del patrimonio público busca dólares frescos para garantizar el pago de la deuda externa sin medir las consecuencias sobre las tarifas del agua y la energía. La investigación judicial expone que el esquema privatizador avanza en un escenario sin competencia real, donde las joyas del Estado quedan concentradas en las mismas manos de siempre mientras la ciudadanía afronta los costos de las tarifas.