Bajo la dirección del ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona y la iniciativa del secretario de Derechos Humanos Alberto Baños, se llevará a cabo una revisión exhaustiva de cerca de 23.000 expedientes relacionados con pagos millonarios a presuntas víctimas de la represión ilegal del Estado en Argentina. Esta medida, aprobada por el presidente Javier Milei, marca la primera revisión de este tipo en 30 años.

Desde 1991, se han desembolsado más de tres mil millones de dólares en indemnizaciones, como resultado de dos leyes "reparatorias" clave. La primera, la Ley 24.043, promulgada en 1991 durante la presidencia de Carlos Menem, estableció indemnizaciones para personas detenidas desde noviembre de 1974 hasta el retorno de la democracia en 1983. La segunda, la Ley 24.411 de 1994, otorgó compensaciones a familiares de víctimas de desaparición forzada o fallecidas antes de diciembre de 1983.

La revisión se centrará en garantizar que los beneficiarios estén debidamente registrados en el "Registro unificado de víctimas del terrorismo de Estado - RUVTE" administrado por la Secretaría de Derechos Humanos. Se han planteado preocupaciones sobre la posibilidad de pagos indebidos, como lo ilustra el caso de Atilio del Rosario Santillán, un dirigente sindical asesinado por miembros del grupo guerrillero "ERP - Ejército Revolucionario del Pueblo" en 1976. A pesar de no estar registrado como víctima de la represión estatal, se autorizó un pago de casi 200 millones de pesos por su muerte.

El gobierno nacional ha destacado la importancia de esta auditoría para garantizar la transparencia y combatir la corrupción en materia de derechos humanos. Se espera que esta revisión proporcione una comprensión más clara de la magnitud del fraude y permita tomar medidas adecuadas para evitar abusos en el futuro.

Fuente: infobae.com