A partir de diciembre, el Gobierno ampliará los límites para los envíos pequeños desde el exterior vía courier y reducirá aranceles en ciertas categorías. Esta medida, anunciada en la antesala de las Fiestas, promete facilitar el acceso a productos importados, tanto para usuarios particulares como para pymes. Sin embargo, surgen interrogantes sobre sus verdaderos alcances.

Entre los principales requisitos, se establece un tope de cinco envíos anuales por persona, un máximo de 50 kg por paquete y un valor límite de USD 3.000. Además, las primeras compras de hasta USD 400 quedarán exentas de aranceles, pagando solo el IVA. Aunque las cifras son tentadoras, quienes importan deben considerar los costos adicionales, como impuestos en origen y envíos.

El anuncio parece responder a dos frentes: la presión inflacionaria que encarece los productos locales y la necesidad de captar votos en un contexto electoral. Esta flexibilización llega como un respiro parcial para consumidores y emprendedores, pero también evidencia una maniobra estratégica que busca apaciguar el malestar social.

La medida no está exenta de críticas: su implementación en un país con restricciones cambiarias podría generar tensiones en el mercado de divisas, mientras que el impacto real sobre los precios finales dependerá de cómo los actores comerciales se adapten a las nuevas reglas.