(*) Por Nicolás Terrera

Imaginemos una familia, en ella hay 24 hermanos que trabajan, cada uno según sus capacidades. Esta familia decide organizar sus finanzas de tal manera que otorgan la totalidad de sus ingresos a un tercero, un administrador. En teoría, esta decisión se tomó para que este tercero garantice un equilibrio en el desarrollo de los hermanos, para que las capacidades iniciales no determinen su futuro y se pueda lograr una evolución cohesiva.

Resulta ser que en esta analogía familiar, el administrador decide que sus propias responsabilidades son cada vez mayores y que necesita de muchos recursos para asegurar su propósito. De esta manera, el reparto hacia los hermanos se ve reducido. A su vez, hay un grupo de hermanos que, guiados por la avaricia y la pereza, deciden ejercer su poder de influencia sobre el administrador para conseguir más y más recursos.

Llega un punto en el que la mayoría de los hermanos se dan cuenta que trabajar no tiene sentido, que no terminan recibiendo el producto de su esfuerzo y que racionalmente es más provechoso reclamarle al administrador que aumente su cuota de reparto.

Si nos ubicamos por un momento en esta familia imaginaria ¿Encontraríamos paz? ¿Expectativas de desarrollo? Un esquema semejante va en contra de todos los valores que uno intenta inculcar en una familia, entonces ¿Por qué elegimos este sistema para organizarnos como país?

Posiblemente la respuesta esté en que el sistema no es malo en sí, sino que por muchos años hombres con intenciones egoístas y perspectivas de corto plazo lo han torcido a favor de sus intereses. Hoy nuestro país se encuentra frente a un punto de quiebre en donde tenemos la posibilidad de torcer este rumbo, responsable de muchos de los males que nos aquejan como sociedad. Sin embargo, a pesar de los discursos, todo parece indicar que nada va a cambiar.

El presidente Javier Milei dice querer reducir el gasto público y buscar un esquema de reparto federal de los recursos más justo. Este discurso se contrasta con la realidad, donde la totalidad del recorte del gasto se centró en afectar a las economías provinciales, quitándoles recursos que legalmente les corresponden, llevando la conflictividad federal a niveles a los que no queríamos volver. Con la falsa promesa de reducir los privilegios, el presidente ha atacado derechos legítimos de las provincias, que hoy se encuentran rehenes de un sistema extorsivo.

Como siempre, los bonaerenses son los primeros afectados y los últimos beneficiados en todo conflicto federal. Un presidente necesita a los votantes bonaerenses para ganar una elección, pero a los dirigentes provinciales para gobernar. Esto es producto de la complicidad de tres actores; la Casa Rosada, que en su afán de confrontar con la Provincia termina perjudicando a 17 millones de argentinos que residen en Buenos Aires; el Gobierno bonaerense, que por no discutir un esquema del que son responsables se queda en discursos vacíos; y por último, una ciudadanía dormida que nunca alzó la voz frente a semejante injusticia.

A pesar de todo esto, creo fervientemente que estamos frente al colapso de este sistema. Aunque el actual Gobierno Nacional ya nos ha demostrado su nula voluntad el verdadero sistema de privilegios que afectan las posibilidades de desarrollo, está creciendo en el país una conciencia de que las provincias pueden convivir en un clima de armonía y desarrollo. Las próximas elecciones son el momento clave para que nuevos representantes, desde la moderación y apuntando a la unidad con una perspectiva de largo plazo, puedan influir en la re-federalización de la Nación.

(*) Nicolás Terrera: Abogado. Dirigente peronista de Berazategui.