Sigue el escándalo tras la denuncia contra la funcionaria municipal y diputada provincial Carolina Piparo, acusada de haber intentado acallar el testimonio de uno de los dos jóvenes que su esposo Juan Ignacio Buzali atropello en Año Nuevo, con el pago de 2.000 pesos, un celular y un par de zapatillas.
p>En este contexto, este jueves a las 13 se realizará una conferencia de prensa en la puerta de los tribunales penales de La Plata (7 entre 56 y 57), con el objetivo de pedir la renuncia de Piparo como secretaria de Asistencia a las Víctimas de la Comuna. El encuentro contará con la participación del menor embestido, su madre y los abogados de ambas víctimas.
Asimismo, estarán presentes Jorge Taddei y Beatriz Regal (papá y mamá de Wanda), Carola Labrador (mamá de Candela Rodríguez), Manuel Iglesias (hermano de Laura y fundador de Atravesados por el Femicidio), y la doctora Karina Fiorito y el doctor Darío Witt (presidenta y fundador de Casa María Pueblo para Mujeres, Niñas y Niños Víctimas de Violencia de La Plata).
Luego de que se desatara la polémica a comienzos de la semana, el abogado Martín de Vargas solicitó la revocación de la prisión domiciliaria Buzali. En este sentido, expresó que "en virtud de los hechos denunciados por el menor I.C. en la causa de Juan Ignacio Buzali, el marido de Piparo, he solicitado la revocación de su arresto domiciliario".
El letrado detalló además que “en reiteradas oportunidades” advirtió “la existencia de peligros procesales”, dadas las características personales del procesado por ser el marido de Piparo “siendo su mujer una persona con poder económico y político”. También señaló que se aplique la conocida doctrina Irurzum con la que el gobierno de Mauricio Macri encarceló a opositores. Donde se estableció que: “…a la hora de examinar la presencia de riesgos procesales, no corresponda limitar el análisis al arraigo o la manera en que los involucrados se comportan formalmente en el proceso penal, sino que resulta especialmente relevante determinar si existen datos reales, concretos y objetivos que permitan razonablemente presumir que los lazos funcionales tejidos al amparo del acuerdo criminal se encuentran aún vigentes y pueden estar siendo utilizados en perjuicio de la investigación penal”.
Según consta en el escrito, el menor de los dos jóvenes embestidos aquella madrugada pidió el apartamiento de quienes fueran sus abogados tras haber sido llevado "a un encuentro clandestino y a escondidas, desconociendo el motivo de la reunión, que se realizó en una casa quinta" con Piparo y un hombre que se habría presentado como su hermano, Matías.
El joven sostuvo que la funcionaria le dio 2.000 pesos en efectivo, un celular Samsung J7 y un par de zapatillas. Esta situación aparece mencionada en el escrito que presentaron hace una semana sus actuales abogados, Pablo Cuomo y Damián Mitre. En ese documento, la víctima informó el cambio de abogados.
El lunes, los nuevos letrados formalizaron la denuncia, pidiendo a la titular de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 17 de La Plata, María Eugenia Di Lorenzo (a cargo de la causa principal), que impute e investigue a la funcionaria y a su hermano. Ahora, el planteo deberá ser resuelto por la jueza Marcela Garmendia, titular del juzgado de Garantías Nº 5 de La Plata. Fuentes: visionpolitica.info y 0221.com
