Desde que el nuevo gobierno asumió el poder, YPF ha sido un punto focal en el ámbito político, a pesar de las promesas iniciales de mantener distancia de la gestión de esta empresa mixta. El presidente de la petrolera, Horacio Marín, un veterano del grupo Techint, lanzó una advertencia a Axel Kicillof sobre la posible reubicación de una inversión significativa si la provincia no aprobaba el Régimen de Incentivo a Grandes Inversiones (RIGI), ratificado por el Congreso.

Tras la victoria electoral de Javier Milei, Santiago Caputo fijó su atención en YPF, colocando a su socio Guillermo Garat en la vicepresidencia de la compañía. La decisión de Garat de dejar su consultora exitosa para asumir un puesto en una empresa semipública argentina ha suscitado sospechas sobre los posibles beneficios que el grupo de Caputo podría obtener a partir de la venta de áreas convencionales de YPF.

La revisión de los balances de YPF en marzo pasado reveló una reducción de 1800 millones de dólares en la valoración de 55 áreas convencionales en venta. Esta decisión de bajar el precio justo antes de la venta ha generado desconfianza.

Además, se ha descubierto una medida controversial: la reserva de acciones como compensaciones adicionales para altos cargos del nuevo gobierno. En una asamblea de accionistas, donde el Estado posee el 51% del capital, se decidió destinar 28.745 millones para "constituir una reserva para la adquisición de acciones propias". Esta medida permite al Directorio adquirir acciones cuando lo considere oportuno para planes de beneficios basados en acciones.

Aunque es común que las empresas privadas reserven acciones para diversos fines, incluyendo el pago de beneficios en tiempos de bonanza económica, resulta contradictorio en este caso. La nueva administración de YPF reportó una pérdida de 1277 millones de dólares, en contraste con los 2234 millones de dólares de ganancias declaradas por el presidente saliente, Pablo González. Según la empresa, se trataba de "sincerar" el valor de áreas previamente sobrevaluadas.

Ambos balances fueron auditados por la misma firma, Deloitte, lo que genera más dudas sobre la consistencia de estos informes. En una empresa que cotiza en la Bolsa de Nueva York, es esencial mantener transparencia y seguir estrictas normas bursátiles. La discrepancia en los balances auditados por Deloitte plantea serias preguntas sobre la transparencia y la gestión de YPF.

El informe de Deloitte, tras revisar los estados financieros al 31 de diciembre de 2023, menciona la decisión de vender ciertos activos y señala que el Directorio espera que el valor razonable sea menor que el valor en libros. Sin embargo, también indica que la información pública disponible fue insuficiente para concluir sobre un valor razonable.