La rosca política en la Provincia de Buenos Aires explotó este mes con un número que quita el sueño en los municipios: 80 intendentes bonaerenses quedarán inhabilitados para competir por un nuevo mandato en 2027 si se mantiene el actual esquema de restricciones a las reelecciones.

En los pasillos de La Plata, dirigentes de peso pesado como Fernando Espinoza en La Matanza, Jorge Ferraresi en Avellaneda, Mario Secco en Ensenada y Fabián Cagliardi en Berisso ya buscan alternativas legales para eludir la traba del artículo 3° de la Ley Orgánica de las Municipalidades.

El mapa del poder local muestra que solo 44 alcaldes cuentan hoy con luz verde para anotar sus nombres en la boleta, mientras que otros 11 permanecen atrapados en un limbo interpretativo por haber ejercido cargos interinos durante el ciclo 2019-2023.

Con la Junta Electoral bonaerense aplicando a rajatabla el espíritu de la Ley 15.315, la pelea promete trasladarse a los estrados de la Suprema Corte de Justicia provincial para evitar un recambio forzado en los distritos clave del Conurbano.

En la Tercera Sección Electoral, el candado normativo alcanza a caciques históricos del PJ como Mariano Cascallares (Almirante Brown), Mayra Mendoza (Quilmes), Andrés Watson (Florencio Varela) y Fernando Gray (Esteban Echeverría). La misma parálisis golpea a la Primera Sección, afectando a Ariel Sujarchuk (Escobar), Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas), Gustavo Menéndez (Merlo), Julio Zamora (Tigre) y Federico Achával (Pilar).

El terremoto tampoco discrimina signos políticos en el interior ni a las filas opositoras. En la Quinta Sección, intendentes de extensa trayectoria parlamentaria y local como Guillermo Montenegro (General Pueyrredón), Miguel Lunghi (Tandil) y Gustavo Barrera (Villa Gesell) se quedan sin margen de maniobra, abriendo una sangría por la sucesión en comunas de peso económico clave para el turismo y el agro.

La trampa de la Ley 15.315 y la rosca por la Suprema Corte

La génesis de este cerrojo político se remonta a la modificación promovida durante la gestión de María Eugenia Vidal con la Ley 14.836 en 2016, retocada luego por el parlamento provincial mediante la Ley 15.315 en 2021. Aquella reforma precisó que cualquier ejercicio parcial de un segundo período computa como mandato completo, clausurando la clásica ventana de escape que utilizaban los barones del Conurbano al pedirse licencias antes de cumplir los dos años de gestión.

La batalla por la supervivencia electoral activó todas las alarmas en la gobernación de Axel Kicillof. Con 80 sillones municipales en juego, las bancadas de la Legislatura bonaerense comenzaron a tantear acuerdos transversales entre el Unión por la Patria, sectores del PRO y la UCR para intentar una nueva enmienda que flexibilice el texto legal antes de que arranque la campaña formal.

Los 11 casos bajo la "zona gris" jurídica representan el terreno más fértil para el litigo judicial. Se trata de dirigentes que asumieron la jefatura comunal entre 2019 y 2023 sin haber sido votados originalmente para ese rol ejecutivo y que posteriormente ganaron los comicios de 2023; para ellos, la falta de doctrina fija en el máximo tribunal bonaerense abre una hendidura por donde colar sus candidaturas.

Sin una revisión legislativa a tiempo, el tablero territorial de la Provincia de Buenos Aires se encamina hacia la renovación forzosa más drástica de las últimas tres décadas. La discusión de fondo no es solo técnica sino estrictamente de caja y territorialidad: quien controle el armado de las listas locales en los distritos más poblados condicionará la arquitectura del poder político bonaerense de cara al recambio nacional de 2027.