Este martes, el Congreso argentino se vio inmerso en un acalorado debate en torno a dos proyectos de "Ficha Limpia", discutidos en un plenario conjunto de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia. Las propuestas, impulsadas por el PRO y La Libertad Avanza (LLA), tienen como objetivo prohibir la candidatura de personas condenadas, incluso si sus sentencias no están firmes. Sin embargo, críticos sostienen que estas iniciativas no lograrán erradicar la corrupción, que consideran una característica estructural del sistema político y económico vigente.

El primer proyecto, presentado por el PRO, propone impedir la postulación de candidatos con condenas en causas de corrupción, siempre y cuando estas hayan sido ratificadas por un segundo tribunal. Por otro lado, La Libertad Avanza presentó una versión más estricta, que busca prohibir las candidaturas de quienes hayan sido condenados en primera instancia, abarcando no solo delitos de corrupción, sino también aquellos relacionados con el "orden" y la "libertad".

El debate se centra en cuál debe ser el umbral mínimo de condena para impedir una candidatura. Mientras sectores del radicalismo se dividen entre apoyar la propuesta del oficialismo o la del PRO, los libertarios intentan avanzar con su iniciativa para cumplir su promesa de promover una reforma electoral que, según ellos, combata la corrupción.

Sin embargo, muchos advierten que la implementación de una "Ficha Limpia" no solucionará el problema de fondo. La corrupción, sostienen, es un fenómeno inherente al Estado capitalista y a los partidos que lo sostienen. Los funcionarios corruptos suelen actuar como intermediarios para los empresarios que saquean el país a través del pago de la deuda, la fuga de capitales y la explotación de recursos naturales.

La historia reciente está plagada de ejemplos que ilustran la convivencia entre empresarios y políticos. La constructora brasileña Odebrecht, involucrada en uno de los mayores escándalos de corrupción de América Latina, financió las campañas electorales de figuras como Mauricio Macri, Daniel Scioli, Sergio Massa y Margarita Stolbizer. Otros conglomerados económicos como Roggio S.A., Pescarmona y Techint también han contribuido a las campañas de los partidos mayoritarios.

Incluso los líderes de los partidos que impulsan la "Ficha Limpia" no están exentos de sospechas. Mauricio Macri acumuló más de 200 causas judiciales durante su carrera, mientras que Javier Milei, aunque sin denuncias graves en su contra, ha rodeado su gabinete de figuras cuestionadas como Sandra Pettovello, Luis Caputo y Mariano Cúneo Libarona.

El peronismo, por su parte, criticó el proyecto de LLA, advirtiendo que podría inhabilitar la candidatura de la exvicepresidenta Cristina Kirchner. No obstante, algunos gobernadores peronistas, como el sanjuanino Sergio Uñac y el salteño Gustavo Sáenz, ya han implementado versiones locales de "Ficha Limpia".

Otro aspecto preocupante es que una "Ficha Limpia" estricta podría ser utilizada para inhabilitar candidaturas de trabajadores que enfrentan causas penales por organizarse y luchar por sus derechos, especialmente en un contexto donde el gobierno de Milei busca reforzar el aparato represivo del Estado y limitar las libertades democráticas.

En última instancia, los críticos sostienen que la verdadera solución para acabar con la corrupción no radica en medidas como la "Ficha Limpia", sino en derribar el régimen político actual y construir un nuevo sistema donde la clase trabajadora sea la dominante.