En la sesión del jueves 15 de mayo de 2025, el Concejo Deliberante de La Plata fue escenario de un intenso debate tras la presentación de un proyecto de ordenanza por parte del concejal del PRO, Nicolás Morzone. La iniciativa propone la creación de un "Régimen regulatorio para la entrega directa de beneficios sociales", con el objetivo de prohibir la participación de intermediarios en la distribución de ayudas otorgadas por el Ejecutivo municipal.

El proyecto establece que los beneficios sociales deben ser entregados directamente por las autoridades estatales municipales, excluyendo a terceros intermediarios, como representantes de organizaciones sociales o políticas. Sin embargo, se exceptúan aquellos beneficios de carácter colectivo, cuya individualización de beneficiarios sea imposible.

Morzone argumentó que la medida busca evitar la discrecionalidad y la tergiversación de los fines legítimos de los beneficios sociales. Señaló que, en muchas ocasiones, las ayudas son otorgadas y controladas por organizaciones sociales o políticas partidarias, lo que posibilita el desvío de los fines específicos y vulnera los derechos de los destinatarios.

Desde el oficialismo, el concejal Juan Granillo Fernández respondió que la Secretaría de Desarrollo Social ya implementa mecanismos para garantizar la transparencia en la entrega de ayudas. Explicó que cada asistencia requiere la visita y evaluación de un asistente social, quedando documentada en un expediente. Además, destacó que se está trabajando en la implementación de una línea para denuncias sobre participación irregular de intermediarios.

El proyecto fue girado a comisión para su análisis. Su tratamiento se enmarca en un contexto nacional donde se debate el rol de las organizaciones sociales en la administración de planes sociales, con propuestas similares impulsadas por el gobierno nacional para eliminar intermediarios y garantizar la transparencia en la distribución de ayudas.

La discusión en el Concejo Deliberante de La Plata refleja una preocupación creciente por la necesidad de transparentar y eficientizar la entrega de beneficios sociales, asegurando que lleguen directamente a quienes más lo necesitan, sin mediaciones que puedan desvirtuar su propósito.