La inclusión de estudiantes con discapacidad en la escuela común ha sido promovida en La Pampa como un paso hacia una educación más igualitaria. Sin embargo, el modelo implementado, que convierte a las antiguas escuelas especiales en “Escuelas de Apoyo a la Inclusión”, dejando a los niños en aulas comunes con un docente de apoyo, ha despertado una controversia profunda. Mientras algunos defienden este cambio como un avance inclusivo, otros advierten que la medida es una “falsa buena idea”, pues sobrecarga a los docentes y limita el aprendizaje de los estudiantes con y sin discapacidad.

La crítica más común se centra en la falta de un acompañamiento efectivo para los niños con discapacidad en el aula común. La Ley Federal de Educación establece que la inclusión debe respetar “las posibilidades de cada persona”, pero muchos padres y docentes denuncian que este enfoque no es viable en la práctica. Por ejemplo, los docentes de apoyo a la integración (DAI) deben atender a múltiples alumnos en distintas aulas, lo que diluye su capacidad para brindar el soporte que cada niño necesita.

Marina Zabaleta, profesora con años de experiencia en el nivel secundario, comenta que la obligatoriedad de incluir a todos los estudiantes en el aula común ha colapsado el sistema. Señala que no existe una infraestructura ni un equipo de apoyo adecuado para atender la diversidad de necesidades presentes, y que muchos niños, por falta de un entorno adaptado, no logran desarrollar las habilidades que podrían adquirir en una escuela especial. Además, apunta a un problema de fondo: la estigmatización de la educación especial como un ámbito de segregación, cuando en realidad ofrece una formación personalizada y adaptada.

Las voces de los padres y la defensa de la educación especial

Nicolás Sena, padre de una niña con autismo y miembro del grupo “Padres Autoconvocados La Pampa por una Educación Inclusiva de Calidad”, asegura que la escuela especial no discrimina; al contrario, proporciona las herramientas necesarias para el desarrollo integral de los niños. “Discriminar es no reconocer las diferencias”, afirma Sena. En su experiencia, la inclusión en el aula común resulta más simbólica que real, y muchas veces los estudiantes con discapacidad son aprobados sin haber aprendido los contenidos, simplemente para cumplir con los estándares inclusivos.

El reclamo de estos padres va más allá de un modelo de inclusión: buscan que se garantice una educación de calidad que permita a sus hijos progresar realmente. En junio, este grupo presentó una solicitud al gobierno provincial para reabrir las escuelas especiales, argumentando que no todos los niños pueden beneficiarse de la misma manera en un aula común.

Un modelo replicado sin evaluaciones profundas

El gobierno de La Pampa, convencido de los méritos del modelo inclusivo, ha exportado la experiencia a otros distritos. Sin embargo, la evaluación realizada en 2022 fue limitada y se desarrolló en un contexto de burbujas por la pandemia, lo cual no permite evaluar los desafíos actuales. Este sistema, visto desde afuera como un éxito, revela grietas que afectan tanto a los niños con discapacidad como al resto de los estudiantes y docentes.